Nicole Winfield, periodista que ha informado sobre tres papas, le preguntaba esta semana a Francisco por qué la comisión antipederastia del Vaticano, que lideraba Sean O’ Malley (el cardenal que criticó al Pontífice por su defensa del obispo chileno Juan Barros, acusado de encubridor), todavía no ha sido renovada.

«Hay personas que se preguntan si esto es una señal de que la protección de los menores no es una prioridad», le dijo la cronista al Papa. «No crean que no la vamos a hacer... son los tiempos normales», respondió él, en el vuelo de regreso de Chile y Perú.

Desde su elección en el 2013 como jefe máximo de la Iglesia católica, Francisco se ha resistido a que la institución se hundiese por el escándalo de los abusos sexuales de sacerdotes y anunció «tolerancia cero» con este asunto. Expresión de ello fue, entre otras medidas adoptadas, la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, creada por Francisco el 22 de marzo del 2014 y cuyos trabajos, destinados a poner al día las normas antipederastia dictadas en su momento por Benedicto XVI, empezaron al año siguiente.

No obstante, el mandato de la comisión caducó en diciembre de 2016 y desde entonces sus trabajos están paralizados, algo que ha suscitado preocupación entre los defensores de las víctimas de abusos de determinados sacerdotes.

No todo, sin embargo, han sido derrotas para la Comisión para la Tutela de los Menores. En junio de 2016, Francisco aprobó, a través del motu propio Como una madre amorosa, una propuesta hecha un año antes por el organismo. Según esta, todo obispo, eparca o superior gravemente negligente en el cumplimiento de su deber, puede ser apartado de su puesto. La medida, según fuentes de organismo, ya se ha aplicado contra algunos obispos de África y Asia que se negaron a denunciar casos de abusos de clérigos.