Hace dos años, en agosto del 2015, el Gobierno aprobó mediante real decreto un registro que obligaba a las entidades religiosas de toda índole, incluyendo mezquitas y oratorios de culto musulmán, a consignar el nombre de los ministros o responsables religiosos. Sin embargo, en dos años no se ha logrado concluir, al menos en el caso de los imanes, aunque fuentes del Ministerio de Justicia insisten en que el censo estará operativo en los próximos meses.
El registro del ministro de culto tendrá un periodo de vigencia de dos años, transcurridos los cuales será obligatoria su renovación o perderá vigencia. Según las mismas fuentes, el Gobierno está trabajando junto a todas las confesiones religiosas para facilitarles la "adaptación" a la nueva normativa y elaborar los listados.
En el caso del culto musulmán, la Comisión Islámica de España (CIE), el organismo que representa ante la Administración a las más de 1.000 comunidades religiosas islámicas, precisa que lleva tiempo trabajando en ello y que espera que el censo de imanes esté listo para finales de este año. Aunque no lo obliga el real decreto, el registro recogerá también si son "contratados o voluntarios" y si trabajan a tiempo "completo o parcial", según ha precisado la entidad. Asimismo, los imanes deberán acreditar su formación y su capacidad para ejercer como tales a fin de obtener la "verificación y conformidad" de la CIE.
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS
La normativa anterior en España, vigente desde 1981, solo exigía el nombre del propietario de los lugares de culto, que no necesariamente es el mismo que el dirigente religioso, pero a partir del decreto 594/2015 se añadió la de "quienes realicen actos religiosos con efectos civiles, tales como la celebración de matrimonios". Aunque no figure el nombre del imán, en el registro disponible en la web del Ministerio de Justicia se pueden consultar, por ejemplo, las 63 entidades religiosas musulmanas de la provincia de Girona, incluidas las dos mezquitas de Ripoll, con su nombre, dirección, fecha de inscripción y representante legal.
La Direcció General d’Afers Religiosos, dependiente del Departament de Governació de la Generalitat, lamenta que, pese a haber firmado un convenio con el Ministerio de Justicia para intercambiar la información disponible, nunca ha recibido ninguna notificación al respecto. "Y se ha reclamado en varias ocasiones", subrayan fuentes de la 'conselleria'.
