+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario de Diario Córdoba:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

LA LACRA QUE NO CESA

El asesinato de Elda cuestiona las medidas contra la violencia machista

El hombre que acribilló a su ex debía estar sujeto a control tras 4 denuncias

 

Minuto de silencio en Elda, ayer, contra el crimen machista de la ciudad. - EFE / MANUEL LORENZO

NACHO HERRERO cordoba1@elperiodico.es VALENCIA
10/11/2017

Jessica, la mujer que fue acribillada por su expareja el miércoles en Elda, ha fallecido tras permanecer un día en muerte cerebral. Antes de su fallecimiento diferentes representantes públicos coincidían en la necesidad de revisar los protocolos de actuación tras las denuncias de mujeres. Porque de las 43 que ya han muerto en el 2017, ocho, el 18%, habían acudido a las autoridades. Este último caso de violencia machista es especialmente paradigmático porque existían cuatro denuncias y diversas medidas cautelares en marcha. De hecho, ayer mismo, el agresor, que se suicidó tras acribillar a la mujer en la puerta del colegio Santo Negro en presencia de su hijo, otros niños y numerosos padres y profesores, debía haber sido sometido a un juicio por la última de esas denuncias.

Las principales dudas ahora son si se activó alguna medida de protección policial tras el aviso del juzgado y en caso afirmativo, por qué no funcionó, y si se le podía enviar a prisión tras ser detenido este martes.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la primera denuncia fue en el 2014 pero en el juicio la víctima se negó a declarar y el agresor fue absuelto. Dos años después sí que fue condenado por un delito de lesiones pero al reconocer los hechos se benefició de la reducción de la pena, por lo que fue condenado a ocho meses de alejamiento. La tercera denuncia se produjo este 2 de noviembre por amenazas y el juzgado dictó como medida cautelar hasta que se celebrara el juicio ayer una orden de alejamiento de 300 metros y de comunicaciones.

Según recordó el TSJCV, ni la fiscalía ni la víctima pidieron otras medidas y el magistrado ordenó comunicarlas a las fuerzas de seguridad así como a las diferentes administraciones públicas competentes. El caso es que dos días después, el agresor quebrantó la orden al llamar a la víctima a través de terceros, por lo que, tras una cuarta denuncia, fue detenido el martes, pero el juzgado de guardia lo puso en libertad porque no hubo nuevas amenazas, aunque quedó como investigado por un posible delito de quebrantamiento de una medida cautelar.

Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, admitió que este caso obliga a hacer «una reflexión colectiva y pensar en qué podemos hacer mejor para que no se repita». Moragues recordó que hay «muchos actores intervinientes» y citó «al poder judicial, las administraciones públicas, entre ellas la del Estado y los ayuntamientos, las policías locales y del Estado, los servicios sociales y las organizaciones que colaboran». Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad, anunció también que se van a revisar los hechos dentro del reciente Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista para comprobar «qué protocolos probablemente se tengan que mejorar o, si ha fallado alguno, ver dónde está el fallo para que no se repita».