Las fuerzas de seguridad del Estado han esclarecido en lo que va de año 3.203 desapariciones de personas denunciadas por familiares o allegados, frente a los 3.583 desaparecidos cuyo destino se aclaró en el 2016, según informó ayer en Sevilla el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. A pesar de estos datos, el número de denuncias por desaparición que siguen activas en la base de datos policiales por no haberse determinado el paradero de la persona que se busca sigue en aumento y sólo en Andalucía alcanza las 1.665 personas.
Cada año se estima que se presentan en España unas 21.000 denuncias por desaparición de personas, según los datos expuestos en la jornada sobre el papel de los ayuntamientos ante las desapariciones de personas. Esta reunión ha sido organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con la colaboración de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD Global que lidera el periodista Francisco Lobatón.
Tanto Zoido como la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, y el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, testimoniaron su apoyo, cariño y reconocimiento a los familiares y allegados de los desaparecidos por el drama que deben de afrontar, en algunos casos, durante décadas. En estas jornadas participan decenas de familiares de personas desaparecidas, entre ellas el abuelo y el padre de la joven sevillana Marta del Castillo, así como los familiares del cordobés Paco Molina (desparecido en 2015) y de Ángeles Zurera (2008), de Aguilar de la Frontera.
Los representantes del Gobierno, la Junta y la FAMP subrayaron el papel determinante de los ayuntamientos en la búsqueda de personas desaparecidas, por ser la administración más cercana al ciudadano y porque los primeros momentos tras la desaparición son cruciales para su esclarecimiento. El ministro del Interior aprovechó la ocasión para aclarar que los protocolos de actuación ante una desaparición «se caracterizan por su inmediatez, permanencia en el tiempo y revisión continua» y para desmentir el bulo de que es necesario «que haya que esperar 48 horas antes de activar la búsqueda», ya que «se hace desde que se recibe la denuncia». Zoido valoró la trascendencia de la puesta en marcha del Centro Nacional de Desaparecidos, en funcionamiento desde hace unos meses, y que centraliza y coordina con la sociedad civil y las entidades especializadas la difusión y búsqueda de los casos de desaparecidos.
Lobatón abogó por que se cumplan las «enormes expectativas» que ha despertado la creación de este centro y defendió la consolidación de una red de municipios sensibles a las desapariciones.
