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INSERCIÓN SOCIAL

Andalucía blinda los derechos y la igualdad de 720.00 discapacitados

Administraciones y empresas deberán aprobar planes de empleabilidad. Aumenta del 7% al 10% la reserva de plazas en las ofertas de empleo público

 

María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales. - EUROPA PRESS

JUAN A. FERNÁNDEZ provincia@cordoba.elperiodico.com LUCENA
14/09/2017

El Parlamento andaluz aprobó ayer la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que amplía la mera asistencia sanitaria que ofrecía la vigente desde 1999 con derechos sociales y medidas para la igualdad de oportunidades que ahora quedan blindados. La ley, que incluye una memoria económica de 1.300 millones de euros anuales, ha sido aprobada con el apoyo del PSOE, Ciudadanos y Podemos, mientras que el PP ha votado en contra e Izquierda Unida se ha abstenido.

Andalucía cuenta con 720.000 personas con algún grado de discapacidad, casi el 10% de su población, y una de cada cuatro familias tiene algún discapacitado, según los datos aportados en el debate parlamentario. Entre las novedades de la ley destaca que aumenta del 7% al 10% las plazas de ofertas públicas de empleo reservadas para discapacitados y que también destina a este colectivo el 3% de las plazas de cursos de formación para el empleo y el 5% de las de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

INSERCIÓN LABORAL / Otra medida para fomentar la inserción laboral de los discapacitados es una reserva del 5% del importe anual de la contratación de la Junta a favor de las empresas con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad. La ley obligará a que administraciones y empresas aprueben planes de empleabilidad, con un enfoque de género para fomentar la contratación de mujeres con discapacidad, e incluye un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar hasta el millón de euros.

Las universidades deberán elaborar un censo de alumnos con discapacidad, aprobar planes de accesibilidad y de información y comunicación, y ningún centro docente podrá denegar a discapacitados el acceso al alumnado o a sus servicios y actividades. También un 4% de las viviendas protegidas se reservarán a discapacitados, que tendrán preferencia para ayudas de adaptación de viviendas. En el turismo y las actividades de ocio se garantizará la igualdad de oportunidades para los discapacitados.

Soledad Pérez, del PSOE, valoró la amplia participación de colectivos de discapacitados en la elaboración de esta «buena ley» que, subrayó, «mira a la cara y de tú a tú» a la convención internacional y a «la magnífica» ley estatal aprobada por el Gobierno de Zapatero en el 2011. Destacado que este ley sitúa a Andalucía a la vanguardia de España en la atención a los discapacitados y forzará al Gobierno central a mejorar su normativa vigente.

Vicente Valero, del PP, subrayó que la ley es «fundamental, necesaria y urgente» para un 10% de la población andaluza «condenada a la marginación», pero denunció, a modo de ejemplo, que el propio salón de plenos del Parlamento andaluz es inaccesible para muchos discapacitados por sus barreras arquitectónicas.

COLECTIVOS AFECTADOS / Para Esperanza Gómez, de Podemos, la ley debe promover «una igualdad real» y no teórica de los discapacitados, colectivo «que tiene todavía muy difícil su inserción» y para el que ha pedido que se supere «el paternalismo» con el que aún se le atiende. Isabel Albás, de Ciudadanos, valoró las aportaciones recogidas por este grupo de los colectivos afectados, que han «enriquecido sustancialmente» el texto del Gobierno, y reclamó una evaluación permanente de la nueva ley. Elena Cortés (IU) destacó que su grupo ha ayudado a «traer a la tierra una ley que estaba volando en las nubes», introduciendo garantías para el empleo de discapacitados, o medidas para prevenir la violencia de género, pero criticó que su memoria económica no asista a los presos discapacitados.

La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, agradeció la participación de numerosos colectivos en la redacción de esta ley que, subrayó, «es la de todas las personas con discapacidad».