La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales realizó en el 2014 más de 65.000 controles en materia de tabaquismo, en los que se detectó un grado de cumplimiento de la normativa vigente del 99%. Por provincias, el número de inspecciones para verificar que se cumple la normativa en establecimientos ha sido: Córdoba, 11.993; Almería, 5.103; Cádiz, 12.188; Granada, 5.909; Huelva, 5.512; Jaén, 8.457; Málaga, 6.877; y Sevilla, 8.964.

Por su parte, y según los datos facilitados por el departamento que dirige María José Sánchez Rubio, en los centros sanitarios se han realizado 3.786 inspecciones, mientras que han sido 1.468 las realizadas en centros residenciales de personas mayores, con discapacidad, sin hogar, drogodependientes y atención al menor. Y, por último, en hoteles, hostales, pensiones y apartamentos se hicieron 249 inspecciones. Asimismo, las delegaciones territoriales han recibido 1.289 denuncias, lo que ha dado origen a 1.090 expedientes, de los cuales se han resuelto 717 con sanción --229.097 euros en total--.

El tabaquismo continúa siendo la primera causa de mortalidad evitable en los países desarrollados. Cada año, unas 10.000 personas fallecen en Andalucía de forma directa y 600 como consecuencia de la exposición al humo ambiental de tabaco. Un tercio de las muertes por cáncer y el 31% de los trastornos cardiovasculares en hombres y un 7% en mujeres son atribuibles al consumo de tabaco.

Según los datos del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, el 30,9% de la población fuma diariamente, si bien se retrasa dos años el inicio del consumo de tabaco --17,9 años en hombres y 19,4 en mujeres--. Además, mientras el porcentaje de hombres que fuman a diario está en descenso, las mujeres fumadoras han aumentado en dos puntos respecto a la última Encuesta Andaluza de Salud del año 2007.

Respecto al consumo de cigarrillos electrónicos, no existen registros concretos, si bien la tendencia en el consumo se sitúa al alza frente a tratamientos sustitutivos. Su uso no está permitido desde el 2014 en centros sanitarios, sociales y educativos dependientes de la Junta de Andalucía, y tampoco se pueden utilizar en centros donde haya actividades con menores.