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LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA

85.000 viviendas están ocupadas de forma ilegal en España

La mayoría de los pisos con 'okupas' son 'propiedad de la Sareb. Las administraciones y los bancos no atinan con una solución

 

Bloques con pisos 'okupados' en el barrio de Sant Roc. - JOSEP GARCÍA

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
20/03/2017

No hay cifras oficiales, pero existen informes que maneja el sector financiero/inmobiliario que cuantifica en unas 85.000 el número de viviendas ocupadas ilegalmente en España. Se trata de casi el 17% del parque de viviendas nuevas vacías, que ronda las 500.000, y de algo más de un 8% del millón de pisos no ocupados en total que se supone existen en el país. La cifra resulta escandalosa si se compara con el 2% de vivienda social promovida por las instituciones que existen en este país. Y probablemente es consecuencia de la falta de un estoc de urgencia, lo que agranda el número de casas 'okupadas' en una proporción similar al avance de la picaresca en una situación en la que prima la impunidad, "porque las autoridades han decidido hacer la vista gorda con esta situación", explica Joan Oller, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad de Barcelona (API).

Ni que decir tiene que la mayoría de esos espacios 'okupados' son propiedad de los bancos, o de la Sareb, que viene a ser lo mismo. Gestionar ese parque de inmuebles -con o sin 'bicho', como se conoce en la jerga del sector al ocupante- se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las entidades financieras que no han encontrado la fórmula de resolver ese problema más allá de vender las carteras de activos a los fondos de inversión inmobiliarios o cederlas temporalmente a las administraciones públicas para suplir las deficiencias del parque social y que sean estas quienes se encarguen de solucionar el problema.

"No pagamos a los ocupantes ilegales para que abandonen los pisos en los que entran", afirman fuentes de una conocida inmobiliaria catalana, "Sería como garantizar la 'okupación' de todos los pisos que tenemos", agregan. El protocolo de la entidad es iniciar un proceso de mediación social para averiguar si se produce una situación de vulnerabilidad. "En ese caso se busca una forma de alquiler social. Si no la hay, se inicia un procedimiento judicial para que el ocupante abandone la vivienda", agregan. Es decir para la ejecución hipotecaria.

Desde luego, los bancos tienen trabajo con esa situación, pues "una de cada tres viviendas vacías de su cartera" está 'okupada',apuntan fuentes inmobiliarias. "No pagan para que se vaya", agregan, pero normalmente conocen a los ocupantes de las propiedades, "y negocian fórmulas para que abandonen el inmueble en el momento en el que encuentran un comprador para esa vivienda. En muchos casos se les da la oportunidad de ocupar otro piso para dejar libre el ocupado", explican las mismas fuentes. Pero eso no siempre es fácil, una reciente encuesta realizadas entre municipios españoles pone de manifiesto que el fenómeno de la 'okupación' coincide con el aumento de mafias en esos municipios que resultan difíciles de manejar, lo que por su parte provoca una degeneración de la convivencia en esos barrios y una difícil gestión del parque.

LOS OTROS OCUPANTES

Una manera con que los grandes tenedores se han protegido para evitar esos problemas es las venta de grandes carteras --deudas y activos-- inmobiliarias a fondos de inversión. Instituciones inversoras como Blackstone, Apollo, Värde o kennedy Wilson, entre otros, se han encargado de comprar carteras, normalmente a precios de derribo, con el propósito de gestionar ese patrimonio para conseguir rentabilidad, mediante la renovación de esos activos y posterior venta o a través del mercado del alquiler.

Pero la ley de flexibilización y fomento del mercado del alquiler del 2013, que establece la duración del contratos de alquiler en tres años más uno, ha propiciado una situación opuesta a la ocupación ilegal: inquilinos que ocupan legalmente una vivienda y se ven obligados a hacer frente a la presión de los propietarios para que abandonen el inmueble. El objetivo del propietario –puede ser una inmobiliaria un fondo o un particular–, es rehabilitar el inmueble para ponerlo en el mercado con precios muy superiores. Es posible que en estos casos, la presión de los propietarios para que el ocupante legales abandone el piso sea mucho mayor que la que las administraciones aplican de los ocupantes ilegales.