Es un negocio fácil, rápido, que puede generar suculentos ingresos antes de ser detectado y que permite salir impune aun siendo detectado. Se alquila un piso de larga duración por la vía convencional y luego se destina a uso turístico por días desde una plataforma como Airbnb, que acepta anuncios de viviendas sin licencia turística. Tan extendido está este doble fraude (sin permiso y sin autorización de realquiler) que el Ayuntamiento ya ha detectado 316 casos en Barcelona, entre los aproximadamente 3.000 expedientes sancionadores abiertos desde el pasado julio, cuando se implantó el plan de choque contra la ilegalidad en el sector. Esa cuota que el consistorio sitúa entre el 10% y el 15% del total porque fluctúa según zonas y momentos, representa solo a los casos de pisos ilegales detectados previamente. Es decir, cuando el Ayuntamiento comprueba el uso turístico no autorizado y notifica una sanción u orden de cese al propietario. Es entonces cuando esos 316 titulares han replicado con alegaciones demostrando con un contrato que alquilaron su vivienda a un inquilino de forma estable, sin saber que este convertiría el hogar en un negocio.
Otros muchos dueños de pisos no lo descubrirán hasta que un vecino les ponga en alerta o bien un buen día les llegue una sanción. El Ayuntamiento de Barcelona no sabe cuántos casos corresponden a Airbnb, aunque da por sentado que la mayoría, ya que esta plataforma es la única con la que no ha alcanzado un acuerdo para retirar los anuncios ilegales.
