La siniestra sucesión de asesinatos machistas, 48 en lo que va de año, 671 desde el 2005, no es más que la punta del iceberg del maltrato en España. Por debajo de estas tragedias más visibles se esconde un drama de enormes dimensiones al que el observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso cifras ayer en su balance de diez años de aplicación de la ley integral contra la violencia de género, que coincidió con la víspera del día internacional por la eliminación de esta lacra. Desde el 2005, las víctimas han presentado más de un millón y medio de denuncias, de las que se han derivado unas 250.000 órdenes de protección y 289.000 condenas para otros tantos maltratadores, el 96% de ellos varones.

Si ponemos el foco donde menos se suele poner, en los agresores, el retrato puede ser demoledor: algo más de uno de cada 100 hombres ha sido condenado por violencia machista en España solo en la última década, mientras que casi el mismo porcentaje ha sido absuelto por falta de pruebas y otras circunstancias.

Para Angeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, las cifras ponen de manifiesto que "la respuesta judicial en estos diez años ha sido muy importante". "La creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, unida a la formación y especialización de jueces y tribunales, ha supuesto una mejora indudable para poder afrontar con garantías de éxito la erradicación de la violencia machista", recuerda.

LEGISLATURA PERDIDA El paso adelante que significó la ley es innegable, pero 10 años después hay consenso en considerar que hace falta mucho más. La sucesión de crímenes sigue poniendo en primer plano la cuestión, mientras que la inacción del Gobierno en los últimos cuatro años se ha ganado la crítica unánime de los colectivos feministas y los partidos de la oposición, los nuevos y los viejos.

Para Amnistía Internacional, los datos revelan un gran fallo del sistema: el bajo porcentaje de las denuncias que acaban en sentencia condenatoria. De las 62.300 presentadas durante el primer semestre en los juzgados de violencia contra la mujer, el 39,8% se han archivado sin llegar a juicio y solo en el 11,7% de los casos ha habido un fallo condenatorio.

Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, destaca que solo entre el 10% y el 15% de las víctimas llegan a denunciar. Un dato muy revelador es que solo 9 de las 48 asesinadas en lo que va de año lo habían hecho. Pérez del Campo asegura con contundencia: "La última legislatura ha sido catastrófica para las mujeres". Y no solo porque el Gobierno haya reducido más del 20% la dotación presupuestaria. La partida destinada a los servicios de atención a víctimas gestionadas por las autonomías se ha reducido aún mucho más, un 50%, según Verónica Barroso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional España, para quien las ayudas a las víctimas "son mínimas, incluso para la atención psicológica".

El propio CGPJ da pistas sobre dónde habría que poner el acento. El 33% de las 365.868 órdenes de protección tramitadas en los diez años transcurridos desde la aprobación de la ley integral fueron solicitadas por mujeres extranjeras. El 32% de los denunciados también eran extranjeros. Este colectivo es asimismo el que ostenta un porcentaje más alto de denuncias retiradas y renuncias a seguir con el procedimiento. Entre las víctimas mortales se mantiene una proporción similar: 17 extranjeras frente a 31 españolas en lo que va de año.

La proporción cada vez más baja de órdenes de protección concedidas es otro talón de Aquiles. La media de los últimos diez años es alta, el 67%, pero en el primer trimestre del 2015 se situaba en el 56%.