Ya lleva un año y tres meses paralizado como macroproyecto gasístico, pero el Castor evoluciona, al menos como caso judicial en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha abierto diligencias previas que incluyen la declaración como imputados de 17 personas, además de la mercantil Escal UGS, por presunta prevaricación ambiental y delitos contra el medioambiente y los recursos naturales en la concesión de las licencias del proyecto. Entre los imputados figuran ocho miembros del consejo de administración de la empresa promotora y nueve técnicos, funcionarios y cargos de los ministerios de Industria y Medio Ambiente, entre ellos directores generales.
Así, en el auto dictado ayer, el juez dispone citar a declarar como imputados a cinco responsables del informe del Instituto Geológico y Minero emitido en el 2007 que validó la viabilidad técnica del proyecto Castor y propició la concesión de explotación aprobada por el Consejo de Ministros en mayo del 2008. También cita a los cinco responsables de la resolución dictada por la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria.
