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Puigdemont sitúa en el límite la unidad de España

El referéndum ilegal de Cataluña provoca una escalada de tensión

 

Actuación policial durante la jornada del referéndum ilegal del 1-0. -

Consejeros de la Generalitat se dirigen a declarar ante la Audiencia Nacional. -

EVA SANTOS / EFE cordoba1@elperiodico.es MADRID
31/12/2017

La crisis catalana ha monopolizado el debate político en un año que ha encadenado una sucesión de «días históricos», con un referéndum ilegal, una fallida declaración de independencia o, en aplicación del polémico artículo 155, el cese del Govern y la convocatoria de elecciones autonómicas.

Tras el anunciado «choque de trenes», el año terminó con los partidos catalanes convocados por el Gobierno central a unas atípicas elecciones que se celebraron con parte de los candidatos en prisión preventiva, entre ellos el que fuera vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, investigado por sedición, rebelión y malversación de fondos. Otra parte del Gobierno catalán cesado, con el propio Puigdemont a la cabeza, hizo campaña electoral desde Bruselas para eludir la acción de la justicia en España.

Las sucesivas decisiones del Govern y de la mayoría independentista en el Parlamento catalán y las respuestas del Gobierno enviando cada una de ellas a los tribunales provocaron una escalada de tensión política, especialmente en el último trimestre del año. Una tensión que ha tenido importantes repercusiones económicas (caída del turismo, del empleo, la inversión y el traslado de la sede social de numerosas empresas fuera de Cataluña) y también sociales, ya que la crisis política ha estado acompañada de una fuerte carga emocional, especialmente en Cataluña, pero también en el resto del país.

El referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, marcó un punto de inflexión en la dinámica separatista, que había acelerado sus planes a la vuelta del verano, apenas unos días después de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Los plenos del Parlamento catalán del 6 y 7 de septiembre, en los que los independentistas aprobaron en solitario las llamadas leyes de desconexión, así como las protestas del 20 de septiembre contra los registros de varias consellerias y la detención de altos cargos de la Generalitat, permitieron al Gobierno constatar que los secesionistas iban a por todas.

Ya desde el verano, el Ministerio de Hacienda había apretado las tuercas económicas a la Generalitat de Puigdemont para evitar que destinara dinero público a sufragar el referéndum del 1-O, pero a mediados de septiembre dio un paso más y acabó interviniendo por completo las cuentas autonómicas. Por esas fechas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió a los líderes independentistas de que el Ejecutivo también iba en serio. «Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar», les dijo.

Con esos mimbres se llegó a la consulta del 1-O. Y, a pesar de la rotundidad del Gobierno garantizando que no habría ningún referéndum, de que en los días previos se incautaran millones de papeletas y tarjetas censales, y del despliegue de policías y guardias civiles ante el temor de la inacción de los Mossos, 2,2 millones de personas pudieron votar en medio de un sinfín de irregularidades, según el recuento de la Generalitat.

Las cargas policiales fueron lo más destacado de esa jornada en las portadas de medios nacionales e internacionales y aún hoy son exhibidas por los secesionistas para ilustrar la represión con la que el Estado español, según ellos, trata de silenciarlos. No obstante, las acusaciones más gruesas sobre esa supuesta represión las lanzó la número 2 de ERC, Marta Rovira, al asegurar que el Gobierno amenazó con muertos en las calles si no se frenaban las pretensiones independentistas, afirmación que no pudo demostrar y por la que fue muy criticada.

EL DISCURSO DEL REY / Una muestra de la «extrema gravedad» de la situación fue el discurso de carácter excepcional dirigido a los españoles por el rey Felipe VI el 3 de octubre, en el que advirtió de que los «legítimos poderes del Estado» deben asegurar «el orden constitucional», la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña. Aun así, los independentistas otorgaron validez a los resultados de esa consulta, y con ellos y las imágenes de la actuación policial el 1 de octubre intentaron internacionalizar el conflicto que, por unos días, ocupó las portadas de medios de comunicación de medio mundo.

Puigdemont amagó con la independencia el 10 de octubre -llegó a proclamarla y la dejó en suspenso segundos después- y el Parlament la declaró el 27 de octubre aunque solo en el preámbulo del texto aprobado, una vez más, con la Cámara dividida. Ningún país del mundo ha reconocido a Cataluña como Estado independiente y Puigdemont no ha dudado en arremeter contra la UE y sus dirigentes y llegó a sugerir un referéndum para que los catalanes decidan si quieren seguir dentro de la Unión Europea, palabras que luego tuvo que matizar.

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