La eurodiputada por IU Paloma López y la diputada andaluza Elena Cortés reclaman a los gobiernos central y autonómico que velen por el cumplimiento del convenio laboral en la recolección de la naranja y no permitan la explotación y la precariedad que se está dando, hasta el punto de pagar a los recolectores a 2,5 euros la hora, dijeron. Añaden que se abusa de trabajadores desplazados y emigrantes.

Además, se quejan de que trabajadores y productores sufren las consecuencias de la deslocalización, que conduce a contratar la recolección con las empresas de destino, que imponen plantilla y condiciones laborales, lo que genera no solo peores salarios y precarización, sino también otro tipo de problemas como enfrentamiento entre trabajadores e incluso brotes de xenofobia. La coalición ha explicado que elevaron una consulta a la Comisión Europea, exponiendo la problemática y que la respuesta obtenida señala que «una serie de directivas establecen los requisitos mínimos para la protección de los derechos de los trabajadores en la UE. No obstante, los Estados miembros son los principales responsables de su correcta transposición, aplicación y ejecución».

Cortés califica de insumo y bandido al gobierno por no preocuparse del cumplimiento de la normativa laboral, y critica a la Junta que «mire hacia otro lado». Pide a la Junta que apruebe la Ley Integral de Agricultura y la Soberanía Alimentaria.