La Policía Nacional informó el 5 de mayo que ha dado por desarticulada una presunta organización criminal dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros, en el marco de una operación que ha dejado 14 detenidos en Palma del Río por presuntos delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Entre las víctimas hay dos mujeres que, presuntamente, fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con los jefes de las empresas para la que trabajaban ante la amenzada de despedirlas a ellas y a sus familiares.
Los agentes iniciaron las investigaciones a raíz de las denuncias de varios ciudadanos rumanos que afirmaban haber sido engañados por un ciudadano búlgaro afincado en España, quien les ofrecía unas condiciones de trabajo en labores de agricultura que no resultaban ser reales. Las víctimas han denunciado el engaño de las condiciones laborales ofrecidas, ya que debían trabajar en jornadas de 14 horas, sin descando, pernoctando en situaciones de hacinamiento e insalubridad y cobrando unos 180 euros mensuales, según relata la Policía.
La investigación comenzó en noviembre tras varias denuncias interpuestas por ciudadanos rumanos que reflejaban ser víctimas de unas falsas ofertas de trabajo por Internet. En la oferta de trabajo se describían condiciones atractivas, una vez en España, las condiciones pactadas no se cumplian tanto en lo referente a sueldos, hasta el punto de que llegaron a deber a una víctima 5.000 euros tanto a él como a su familia, como repecto a los horarios de trabajo, pues las jornadas llegaban a las 12 o 14 horas diarias, siendo además alojados en condiciones de «hacinamiento e insalubridad».
También se ha denunciado que eran frecuentes los insultos mientras trabajaban y que dicho ciudadano búlgaro usaba violencia física hacia las cuadrillas de trabajadores que de él dependían. Este detenido también ha sido acusado de obligar a dos mujeres a tener relaciones sexuales con los responsables de las empresas para las que trabajaban, prometiéndoles que mejorarían sus condiciones laborales, y amenazándolas con despedir a toda su familia si no cumplían. Tras las investigaciones, se averiguó que el referido ciudadano búlgaro trabajaría para una pareja de hermanos, empresarios de origen ucraniano afincados en Palma del Río, y que sería el encargado de localizar, captar y reclutar a los trabajadores.
En el registro de la sede empresarial, se ha intervenido documentación y se han realizado 3 inspecciones en fincas de naranjos.
