La CTA reivindica al gobierno central que se retiré el requisito de las peonadas para acceder al subsidio agrario. Su secretario general, Francisco Moro, señala que "la situación de los trabajadores del campo es de emergencia social". También plantean un plan especial de empleo.

Denuncian que "almacenes palmeños han hecho descuelgues salariales del hasta un 30% no legales, y que las trabajadoras no denucian por miedo a perder su trabajo". Anuncian denuncias a las 40 empresas principales de la provincia.