No es que «toque» abordar el futuro de las pensiones. Es que es urgente y obligado. Desde hace una década la inquietud de la sociedad por el futuro del sistema público de prestaciones a los pensionistas ha ido creciendo, sin más respuesta clara que frases genéricas de tranquilidad y una repetida alusión a sistemas privados que, siendo útiles y respetables, no ofrecen la plena garantía ni son justos para trabajadores que han pasado toda la vida contribuyendo a esa hucha hoy agotada. Ayer, miles de ciudadanos --la mayoría mayores, pero también de todas las edades-- salieron a la calle en una treintena de ciudades para reclamar «una subida digna por encima del 0,25%» dispuesto por el Gobierno para este año, convocadas por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y apoyadas por los sindicatos. La respuesta a la cita sorprendió a unos gobernantes inmersos en la convulsa situación política que vive actualmente España, y al tiempo ajenos a las verdaderas preocupaciones de los administrados. En Córdoba, 2.000 personas se concentraron en Las Tendillas para protestar por la «subida miserable» y para hacer un llamamiento a toda la sociedad: el problema de hoy puede ser mucho más grave en el futuro. Con el sistema actual, la pensión del mañana está en el aire, vista la caída de las cotizaciones por los bajos salarios y el acortamiento de la vida laboral de muchos trabajadores por la falta de empleo. Ya está bien. España necesita conjurar la amenaza, acabar con esta incertidumbre. Y, comprobado que el Pacto de Toledo está agotado, diseñar el futuro del sistema público con el máximo consenso, también para evitar el uso electoralista de la situación.