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Diario Córdoba | Jueves, 23 de mayo de 2013 - Edición impresa
21/08/2012
La vuelta, ayer, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la actividad oficial en la Moncloa simboliza el fin del breve paréntesis de agosto en el que los españoles han podido sustraerse en alguna medida a la dura realidad de una crisis que tiene sumido al país en una situación impensable hace pocos años. Las vacaciones de los principales actores de la escena política y económica europea han permitido un espejismo que el alza de la bolsa y el descenso de la prima de riesgo en los últimos días han alimentado. Pero no es posible ignorar la gravedad de la situación, ni que con toda seguridad en los próximos meses habrá un empeoramiento de las condiciones de vida de muchos ciudadanos.
Aun cuando el Gobierno, fiel a su presuntuosa estrategia de no admitir públicamente el alcance de nuestros problemas, no ha movido ficha en orden a un rescate de la economía, casi nadie duda de su inevitabilidad. Sea antes o, como parece, después de la concreción de los planes del Banco Central Europeo para rebajar la prima de riesgo, las contrapartidas que impondrá la Unión Europea (es decir, Alemania, con la obligada aquiescencia del resto de países) serán más recortes del gasto público. Lo que es tanto como decir un paso más en la lenta y continuada degradación del Estado del bienestar en un país con cerca de seis millones de parados.
¿TAMBIEN LAS PENSIONES? La posibilidad de que el Gobierno sucumba finalmente a la tentación de recortar las pensiones para ahorrar no es remota, y significaría un golpe al corazón de las políticas sociales que España ha mantenido durante más de un cuarto de siglo, con gobiernos del PSOE o del PP. Y si el aumento del IVA a partir del 1 de septiembre no aporta los ingresos esperados, nadie puede descartar un aumento de la fiscalidad que con seguridad afectaría antes a una clase media ya muy gravada que a las grandes fortunas. No puede aventurarse otra cosa: si se desploma el consumo de bienes y servicios en una economía en la que casi todas las rentas de los trabajadores están tocadas y si se dispara la economía sumergida, que hasta ahora ningún gobierno ha conseguido atajar, el cuadro de ingresos del Estado no casará con los planes pactados con la UE, y llegará una nueva vuelta de tuerca sobre una sociedad debilitada.
Y, si no se consiguen los objetivos de recaudación y se insiste de nuevo sobre el mismo tramo social, el círculo infernal que termina en la debilidad del consumo y la imposibilidad de crear empleo se perpetuaría. El Gobierno cree que puede romper esta dinámica, que en cualquier caso implica unos sacrificios colectivos cuyo coste político no puede asumir por más mayoría absoluta de que disponga. Mariano Rajoy debe negociar y buscar consensos. Y, sobre todo, hablar de frente a los ciudadanos. Quizá todavía esté a tiempo de infundirles esperanza.
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