Días atrás, el ácido Hernando, portavoz de Rajoy, aseguró que su jefe «no acudirá a la investidura si no cuenta con los apoyos necesarios». O, en el PP ignoran la Constitución o, volviendo a las andadas, ya buscan un chivo expiatorio para camuflar su ineptitud negociadora. Creemos hallarnos ante la última opción, pues se hace muy cuesta arriba pensar que ignoran el art. 99, el cual preceptúa que el Rey, tras las consultas establecidas, «propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno». Candidato que, como la propia Constitución detalla en los párrafos 4 y 5 de dicho artículo, puede no obtener la confianza y abrir la puerta a la repetición electoral. O sea --quede claro y dejen de engañarnos-- que la propuesta del Rey es para que el candidato busque apoyos y no para verificar que ya los tiene. Dicho de otra forma: para que se debata en sede parlamentaria un programa de gobierno que, desde diciembre, se han negado a plasmar documentalmente, y los diputados, tras valorarlo, se pronuncien, otorgando o no la confianza. Aunque la marcha de Rajoy desbloquearía la situación política --iríamos al limbo del absurdo si todos los partidos copiaran su pasotismo arrogante--, esta no deja de generar inquietud, pues, absteniéndose PSOE y C’S, el gobierno del PP sería más débil que el acordado, en su día, por ambos partidos, ya que entonces, contando con 131 diputados, tenían una oposición diametralmente dividida, mientras que ahora andaría aglutinada. Pero eso les importa un rábano a los conservadores pues, obtenido el Gobierno, podrían disolver las Cortes a su conveniencia, alegando que son víctimas de una conjura que les aborta las iniciativas, pues todos quieren hundir la España que ellos reflotan. Truco muy sucio, utilizado por la reacción numerosas veces, desde 1812, cuando impidieron la entrada en vigor de la Constitución gaditana.
* Escritor
