Con una crisis económica galopante cuyos aspectos más visibles son la hiperinflación y el desabastecimiento, Nicolás Maduro ha buscado el aval de las urnas que le permita mantener la presidencia de Venezuela para, según sus palabras, transformar radicalmente la economía. El sucesor de Chávez ha tenido cinco años y las manos libres para enderezar una mala situación heredada de su mentor. Por el contrario, en este lustro la incompetencia de su Gobierno no ha hecho más que empobrecer la vida de los venezolanos hasta el extremo de que ha generado un éxodo de miles de personas hacia los países vecinos. Sin embargo, el problema no es solo económico. Venezuela está sumida en una gravísima crisis política. Estas elecciones anticipadas, boicoteadas por casi toda la oposición, carecen de garantías democráticas. Muchos son los dirigentes en la cárcel o en arresto domiciliario y la comisión electoral es netamente de parte. La convocatoria desafía asimismo el calendario establecido en su día por la fracasada mesa de negociación entre Ejecutivo y la disidencia. Maduro ha logrado tener un contrincante, Henrí Falcón, que ha roto el frente unido opositor. Este aparente pluralismo permite a Rodríguez Zapatero, uno de los impulsores del diálogo fallido, decir que las elecciones serán libres. No son de igual opinión la UE, EEUU y varios países latinoamericanos que han anunciado que no reconocerán los resultados.