Casi cuatro meses después de ser aprobada por el Congreso, la mal llamada ley antidesahucios será impugnada por el PSOE ante el Constitucional, según anunció ayer Rubalcaba. Una decisión lógica, porque finalmente esa norma no ha dado una respuesta adecuada a un problema de gran magnitud en España como es la pérdida de la propia vivienda por la imposibilidad de cumplir los plazos para pagarla. La iniciativa ha desagradado profundamente a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que considera que el PSOE se ha apropiado de su trabajo y que quería que 50 diputados socialistas se limitasen a poner la firma a su "recurso de la sociedad civil". Es cierto que el PSOE, el único partido que por sí mismo puede acudir al Constitucional, basará su impugnación en la documentación que le ha hecho llegar la PAH, pero el grupo que lidera Ada Colau, pese a los grandes méritos que ha acumulado en esta batalla, no puede arrogarse la exclusividad de la defensa de las víctimas de los atropellos hipotecarios. Bastante dura y desigual es esta lucha como para que quienes --aun con distintos grados de sensibilidad-- están al lado de los más débiles aparezcan divididos por cuestiones de protagonismo. Una frivolidad difícilmente comprensible.
