Es una obviedad. El trabajo debe ser seguro, es un derecho reconocido en la Constitución, y además, es también una forma de garantizar el derecho a la salud de las personas trabajadoras. Sin embargo, un año más, los sindicatos saldremos a la calle por el Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo para reclamar un derecho que sigue sin respetarse como debiera.

Desde 2013, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma laboral del PP, la siniestralidad laboral no ha hecho sino crecer. En Córdoba, una provincia con una tasa de paro que ronda el 30%, solo en 2017 se produjeron casi 8.200 accidentes laborales, un 9,47% más que un año antes y se duplicaron los fallecidos, 8, frente a los 4 de 2016. En España la cifra es abrumadora: 3.014 trabajadores y trabajadoras fallecidos en accidente laboral en estos últimos cinco años. Y todavía habrá quien se resista a admitir que la siniestralidad está íntimamente relacionada con la precariedad laboral.

La temporalidad, la parcialidad, la escasa duración de los contratos, la alta rotación de los mismos, la economía sumergida, el incremento de intensidad y ritmos de trabajo o la renuncia a ejercer derechos por el miedo a perder el empleo están provocando graves consecuencias en la salud y seguridad de las personas trabajadoras, consecuencias que sufren especialmente mujeres, jóvenes, migrantes, trabajadores y trabajadoras de edad avanzada o con diversidad funcional.

El empeoramiento de las condiciones de trabajo está haciendo rebrotar las enfermedades por exposición a riegos psicosociales, aunque no se ven reflejadas en las estadísticas, como tampoco esas muchas que no se declaran. Existe un enorme «sub-registro» de los accidentes y las enfermedades de origen laboral debido a la mala praxis de las mutuas que derivan enfermedades profesionales a los servicios públicos de salud para que sean tratadas como contingencias comunes, lastrando así la prevención de riesgos en las empresas y colapsando los servicios públicos sanitarios.

España cuenta con una normativa de las más avanzadas de Europa en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero el reconocimiento de los derechos no es suficiente para su ejercicio efectivo. Está demostrado que los centros de trabajo que cuentan con representación sindical son más seguros y saludables, y por ello, CCOO insiste en la importancia de que los propios trabajadores y trabajadoras defiendan su salud y seguridad en el trabajo, bien a través de la representación legal de los trabajadores o, si se carece de ella, a través del sindicato. Es necesario que la siniestralidad laboral se convierta en una cuestión social y deje de estar circunscrita a reseñas en prensa cuando ocurre una muerte. La seguridad y salud en el trabajo no es una cuestión de los sindicatos, es una cuestión que nos afecta a todos, porque cuando se produce un accidente grave o una muerte en el trabajo también repercute en las familias y en el entorno del trabajador o trabajadora afectado. Es imperativo que el empresariado asuma de una vez por todas su obligación de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y que todos, exijamos dicha obligación, porque nos va en ello la vida.

Por eso, este Día de la Seguridad y Salud en el trabajo los trabajadores y trabajadoras deberíamos salir a la calle por un trabajo seguro, porque es nuestra salud y es nuestro derecho.

*Secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba