Los planes del Gobierno para modificar algunas cuestiones clave en la distribución comercial han conseguido que todas las autonomías no gobernadas por el PP los denuncien como una injerencia en sus competencias. También han logrado dividir aún más a los comerciantes, ya de por sí muy fraccionados en función del tamaño, la especialidad y la ubicación de sus negocios.

El Ministerio de Economía, del que dependen las escasas competencias en materia comercial que aún conserva el Gobierno central, quiere aprovechar el potencial de ventas de las zonas turísticas urbanas y para eso quiere liberalizar más el sector, tanto en lo que se refiere a horarios como a días de apertura. Incluso los comerciantes más partidarios de la apertura en festivos se han llevado las manos a la cabeza tras conocer algunos detalles. No se trata solo de permitirles trabajar los días que elijan, sino que les amplía el horario de apertura, lo que equivale a aumentar los costes laborales, y también eleva el tamaño mínimo de los establecimientos con libertad absoluta. Además, y contrariamente a lo que se esperaba, las grandes superficies gozarán de las mismas condiciones de los pequeños comercios céntricos, lo que reduce muchísimo el interés de las aperturas dominicales para ellos.

Aunque se trata de un borrador, el texto que la Secretaría de Estado de Comercio ha entregado a los gobiernos autónomos modifica la regulación de las rebajas en unos términos de cierta ambivalencia, pero que anuncian el final de los descuentos tal como los hemos conocido. Algunos partidos han acusado al Gobierno de tratar de expandir a todo el país el modelo comercial de Madrid, y es probable que tengan razón. Pero lo que no se entiende es qué necesidad tiene el comercio de esas medidas. En su justificación de la iniciativa, la Secretaría de Estado alude al empleo perdido en el sector, al número de comercios que han cerrado y a las distintas normativas de cada autonomía. Quizá en este último punto esté la verdadera razón de la propuesta, sobre todo si tenemos en cuenta que esta fue elaborada en la misma reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos en que se puso en marcha un grupo de estudio de medidas para recuperar la unidad de mercado.

En Córdoba y en Andalucía se reproduce el mismo debate que se da a nivel nacional: la Administración, en este caso la local --del mismo signo que el Gobierno central--, cree positivo liberalizar los horarios comerciales en la zona turística; mientras que los empresarios del sector, así como los sindicatos y la Junta, están contra la medida estatal ya que piensan que esta libertad de horarios no va para las zonas turísticas sino para el comercio en general, lo que, piensan, perjudicará al pequeño empresario.

De todas formas la lógica de las tendencias del siglo XXI se irá imponiendo como una apisonadora y solo queda que haya diálogo y respeto entre todas las partes implicadas para evitar causar daños innecesarios. Mucho más si hablamos de tiempos en que los más débiles están soportando el mayor peso de la crisis.