La salida de la crisis en términos macroeconómicos está destapando el carácter crónico del drama de la temporalidad y la precariedad en los contratos de trabajo. Esta práctica es en sí misma un atropello a los derechos de los trabajadores. Pero es el indicador de muchas otras cosas. La primera es que estamos saliendo de esta crisis ahondando en los males que la convirtieron en la peor de las últimas décadas. El empleo precario revela que el crecimiento sigue proviniendo mayoritariamente de los sectores con menor valor añadido en los que las empresas españolas son competitivas únicamente en términos de costes laborales más bajos. En segundo lugar, la temporalidad lleva consigo unas prácticas de cotización a la Seguridad Social que además de rozar la ilegalidad ponen en riesgo su viabilidad. La contratación temporal maquilla mes a mes los indicadores, pero con el tipo de empleo actual, España muy difícilmente podrá en el futuro mantener las prestaciones sociales. Empresarios y trabajadores llevan años sin llegar a acuerdos. A unos, la salida de los números rojos les debería llevar a mirar un poco más lejos y pensar en la sostenibilidad de sus empresas no solo en su rentabilidad inmediata. Y de igual manera los sindicatos deberían entender que la manera de salir de este bucle exige en algún momento romper una legislación que actualmente ya no cumple casi nadie, incluso de manera perfectamente legal.