Las instituciones del Estado reaccionaron ayer al acto de desobediencia que protagonizaron el Parlament y la Generalitat con la ley del referéndum y la firma del decreto de convocatoria del 1-O. Después de que el Gobierno de Mariano Rajoy presentara varios recursos de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional (TC) suspendió de forma cautelar la ley del referéndum, su convocatoria, los decretos que la desarrollan y la Sindicatura Electoral. Además, el TC acordó apercibir a los 947 alcaldes catalanes y a 62 cargos de la Generalitat de que no pueden participar en la organización del 1-O. Fuentes del alto tribunal señalaron que el único punto que no se ha acordado, pese a que lo requería el Gobierno, ha sido la petición de una nueva deducción de testimonio contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido la tramitación de la ley transitoridad. Una vez aprobada por el Parlament volverá a ser objeto de impugnación por el Ejecutivo. Las providencias del alto tribunal le han sido notificadas personalmente al propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Fiel a su política de estos últimos años, la reacción de Rajoy a la desobediencia de las instituciones catalanas fue recurrir a la justicia. En su intervención después de un Consejo de Ministros extraordinario, el presidente dijo estar dispuesto a usar todas las herramientas jurídicas a su alcance para impedir el referéndum y advirtió de que, de celebrarse, el 1-O supondría el fin del autogobierno de Cataluña. Sus palabras no hicieron mella en los líderes independentistas ni en los más de 500 alcaldes catalanes que anunciaron su predisposición a colaborar con la Generalitat en la consulta. Los trenes, pues, siguen avanzando a toda máquina.

El choque institucional se dirime en términos no solo legales, sino de legitimidad política. Es por eso que desde la Moncloa se insiste en enviar señales de unidad (ayer Pedro Sánchez y Albert Rivera se reunieron con Rajoy) y de una firmeza, por ahora, sin grandes estridencias. Ello contrasta con el arrebato que parece haberse instalado en el bloque independentista después de dos jornadas bochornosas en el Parlament.

Ayer, en el hemiciclo se repitió el triste espectáculo del miércoles, esta vez a cuenta de la ley de transitoriedad. De nuevo, el rodillo de la mayoría de Junts pel Sí y la CUP violentó las normas parlamentarias, con la imprescindible ayuda de Carme Forcadell, que los dos últimos días ha demostrado ser una indigna presidenta del Parlament. La forma con la que el bloque independentista ha actuado ha avergonzado a muchos, incluso en las filas soberanistas. Perdida de antemano la batalla legal contra el orden constitucional vigente, el independentismo también pierde enteros en el terreno de la legitimidad. Es el precio a pagar por ignorar a la mitad de los catalanes.