El Constitucional ha extendido a toda España la doctrina sobre el impuesto municipal de plusvalía que desde febrero se está aplicando en los territorios forales. Desaparece así, al menos en gran medida, una de las más importantes fuentes de ingresos de los ayuntamientos. Pero ello sucede al aplicarse un fallo judicial cuya argumentación es de una lógica aplastante: ¿cómo puede aplicarse una carga fiscal denominada «de plusvalía» cuando en realidad no hay tal plusvalía?

El mecanismo por el cual se ha venido calculando el beneficio en la venta de inmuebles urbanos tuvo alguna lógica cuando el mercado degeneró en burbuja y cada transacción se realizaba superando los precios de la anterior. En semejantes condiciones, el concepto plusvalía alcanzaba toda su dimensión. Sin embargo, cuando aquella burbuja pinchó, las ganancias dieron paso a las pérdidas. Desde el 2008 hasta hoy, cientos de miles de pisos, casas y solares edificables han salido a la venta por un valor inferior al que costaron previamente. Sin embargo su cambio de titular estuvo gravado por el pago de un beneficio que en realidad no había existido, sino todo lo contrario.

El Constitucional se expresa con total claridad al determinar que solo pueden ser objeto del impuesto aquellas operaciones en las que exista beneficio. El fundamento de tal criterio es también muy simple: la ciudadanía ha de estar sujeta a obligaciones fiscales de acuerdo siempre con su capacidad económica. Se ha de gravar la ganancia, no la pérdida.

Pero la nueva situación, por justa y razonable que sea, no dejará de crear un gravísimo problema presupuestario a las administraciones locales, además de que puede generar una importante bolsa de fraude, con el aumento de las operaciones en las que se paga «en negro» parte del costo de la transacción --una práctica que ya es más habitual de lo que sería deseable--, que ahora podría incrementarse para hacer figurar algunos inmuebles por debajo del precio de compra y así eludir el impuesto municipal. En los últimos cuatro años, los ayuntamientos españoles recaudaron 8.400 millones de euros en concepto de plusvalías. No está claro en cuantos de esos casos hubo beneficios o no. Pero aunque el mercado inmobiliario se ha ido reactivando poco a poco, los precios todavía están lejos de los máximos que se alcanzaron a mediados de la década pasada. Lo cual quiere decir que muchas transacciones se siguen haciendo asumiendo pérdidas. De esta forma, los municipios no solo han de perder una importante fuente de ingresos, sino que pueden verse obligados a devolver lo recaudado a partir del 2013, siempre que quienes reclamen demuestren que vendieron sin ganancia. Ahora Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tienen la palabra.