El gobierno municipal de PSOE-IU parece haber descartado de plano esa idea planteada por el grupo del PP de someter a referéndum o consulta los casos que susciten más dudas en la propuesta de la comisión de la Memoria Histórica de eliminar quince nomenclaturas franquistas del callejero cordobés. El dictamen de la comisión se ha aprobado con acuerdo en la mayor parte de los planteamientos, pero hay fuertes discrepancias en torno a la supresión de cinco nombres. En concreto, la plaza de Cañero, la avenida del Conde de Vallellano y las calles José Cruz Conde, Cronista Rey Díaz y Pemán. Aquí se argumenta por parte de las voces discordantes la valía de los personajes o el arraigo popular. Como el caso de Cañero, donde los vecinos dicen que el nombre es seña de identidad de su barrio, desvinculada ya en este caso concreto del rejoneador.
La posición de Izquierda Unida ha sido inconmovible, y ha obtenido el respaldo del PSOE y de Ganemos, señalando que se está dando aplicación a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía aprobada la pasada primavera, y que el cumplimiento de una ley no se somete a referéndum. Ni a consultas orientativas aunque fuesen no vinculantes y destinadas a conocer la opinión de los vecinos, por más que se esté poniendo en cuestión la eliminación de nombres del callejero con mucho arraigo popular o que suscitan dudas --por ejemplo, en Madrid, el Ayuntamiento de Manuela Carmena mantendrá la calle Conde de Vallellano--. A esto se añade que la decisión final corresponde al Pleno del Ayuntamiento, donde es posible que se apruebe con la mayoría, absoluta pero muy ajustada, de los 15 votos de PSOE, IU y Ganemos, frente a posibles votos en contra o abstención de los 14 que sumarían PP, Ciudadanos y UCOR. El viernes pasado, desde el grupo del PSOE se abogó por buscar «fórmulas de consenso» antes de que el dictamen de la comisión se eleve al pleno, que permitan acatar la ley sin cambiar algunos nombres de calles, o dejando, por ejemplo «Vallellano» a secas en vez de «Conde de Vallellano», respondiendo así a la denominación popular. El grupo socialista parece consciente de la necesidad de alcanzar consenso para aprobar el dictamen con el máximo apoyo, lo cual sería bueno, pues los acuerdos adoptados con mayorías de mínimos pueden ser reversibles si cambian los gobiernos. Si el Ayuntamiento renuncia a aplicar fórmulas de democracia participativa, al menos debe esforzarse en llegar a acuerdos abrumadores para aplicar la Ley de Memoria Democrática. Sería una pena que el dictamen de la comisión, aceptado en un 95% por todos, con acuerdos sobre la exhumación y el censo de víctimas que permitirán cerrar las heridas que se arrastran desde la guerra civil y la dictadura, se vea inmerso en la polémica y que de un desacuerdo mínimo se haga una bola de nieve que crezca y enfrente a los cordobeses.
