La opinión pública manifiesta estos días de alta demanda una sensible preocupación por los efectos y la proliferación de casos de la llamada pobreza energética, la pérdida de suministros básicos como consecuencia del empobrecimiento de muchos usuarios durante la crisis económica. Un reciente estudio encargado por Vimcorsa a la Universidad Pablo de Olavide concluía que casi el 10% de los cordobeses están en situación de pobreza energética, cinco puntos menos que la media nacional. En este tipo de dramas confluyen muchos factores, desde la lentitud legislativa y reglamentaria de la Administración hasta la falta de reflejos de algunas suministradoras. Es evidente que ante el drama de la pobreza energética, la presión social y mediática ha empezado a corregir la falta de diligencia de las administraciones, especialmente de los órganos reguladores, y a acentuar la sensibilidad de las compañías del sector, a las que las dinámicas de una legislación cambiante y la demanda de rentabilidad del mercado han llevado, en ocasiones, a no captar en su justa medida la magnitud del problema. Las soluciones, tímidas para algunos, se han hecho esperar, pero apuntan en la buena dirección. Si bien la presión de los consumidores es clave para mantener la guardia alta, la responsabilidad de la Administración es fijar reglas claras y equitativas. Y la de las compañías, hacer más pedagogía sobre sus actuaciones.