Abuen paso, con un empeño digno de mejor causa, la Generalitat y el bloque independentista llevan a Cataluña a la confusión total, al desgobierno, a la mentira y al absoluto sectarismo institucional. Ayer, se vivió una jornada impropia de una democracia, un bochorno total. En una secuencia estrambótica, se pasó de la inminente declaración de independencia a la convocatoria de elecciones y a descartar esos comicios adelantados. Todo ello sin solución de continuidad y con un protagonista que, si hace apenas una semana estaba deslegitimado para pilotar la situación creada por él, hoy parece totalmente desquiciado: el presidente catalán, Carles Puigdemont.

A primera hora, anunció a los miembros de su gobierno y a los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP su decisión de convocar elecciones el próximo 20 de diciembre, e incluso filtró el éxito de la mediación del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. Pero poco después se echó atrás aduciendo falta de «plenas garantías» por parte de la Moncloa de que a cambio de convocar elecciones no se aplicará el artículo 155 de la Constitución. Las garantías que pide Puigdemont incluyen excarcelar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (lo que en un Estado de derecho no depende del Gobierno), moderar la acción de la fiscalía (¿dejando de perseguir delitos?) y desmontar el despliegue policial extraordinario en Cataluña (ignorando la presunta dejación de funciones de los Mossos). ¿Desde cuándo el chantaje o las amenazas son garantías democráticas? El cinismo del independentismo alcanza cotas antológicas, además de ser una desfachatez que roza ya el insulto a la inteligencia.

Puigdemont culminó su esquizofrénica jornada incompareciendo en la tribuna del Parlamento autonómico en un pleno convocado a petición suya, quizás a la espera de que el Senado avance en la tramitación del artículo 155 de la Constitución. Hoy llega un nuevo día D, el enésimo, pero con una diferencia para el bloque independentista: el tiempo extra se ha acabado y en apenas unas horas, de no convocar elecciones y renunciar a la declaración unilateral de independencia (DUI), Puigdemont y su gobierno serán cesados en sus funciones. Una aplicación ante la que el bloque constitucionalista de PP, PSOE y Ciudadanos debe mantenerse firme en el Senado porque la política española es más seria y solvente que el esperpento al que quiere llevarla el secesionismo. Por dolorosas que sean las medidas a aplicar e inexplorados los caminos por emprender.