El refrán así lo sentencia, pero no todas las rectificaciones son fruto de la sabiduría. A los dos años y medio de limitar el derecho de cobertura sanitaria de los sin papeles --en favor de la sostenibilidad del sistema nacional de salud--, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció ayer de forma poco detallada la cancelación de la medida que adoptó su polémica antecesora, Ana Mato. Los inmigrantes en situación irregular volverán a tener derecho a la atención primaria, aunque no recuperarán la tarjeta sanitaria que les fue retirada por decreto en abril del 2012. El vaivén del PP en la materia es evidente. En el año 2000, el Gobierno de Aznar concedió esa misma tarjeta a los inmigrantes con el único requisito del padrón. Los motivos aludidos por Alonso ya podían haberse esgrimido para no adoptar aquel recorte de derechos, limitados a urgencias, maternidad y atención infantil. Era evidente que se iba a contribuir a la saturación de urgencias y que se podían originar problemas en el seguimiento de algunas enfermedades. El ahorro de recursos nunca se concretó y el Ejecutivo solo cifró en el 2013 la baja de 873.000 tarjetas. Alonso tampoco ha especificado ahora cuál será el procedimiento de acceso de esos inmigrantes al sistema público de salud. De ahí que, como ocurrió cuando se adoptó la decisión contraria, la motivación ideológica prima desgraciadamente sobre otros criterios, y más en un año electoral que ha empezado mal para el PP en Andalucía. Donde, por otra parte y como recordaba ayer la consejera M José Sánchez, se ha mantenido completamente el carácter universal de la sanidad pública, lo que ha permitido que 30.000 personas al año hayan podido seguir recibiendo atención sanitaria en la comunidad autónoma.
