Finalmente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, parece decidido a implementar un régimen sancionador contra las grandes empresas que incumplen la ley de morosidad que les obliga a pagar a sus proveedores en un máximo de 60 días. Se trata claramente de un abuso por parte de compañías que, por su tamaño, son clientes preferentes de los que las pymes no pueden prescindir. Esta medida no solo alivia a las víctimas en la actual situación de crisis económica sino que les da un arma de negociación contra algunas prácticas abusivas de quienes no dejan de pagar porque tengan problemas de viabilidad sino porque han hecho de la morosidad una forma de financiación low cost. No es la primera vez que Montoro anuncia una medida de este tipo aunque haya que consignar dos novedades. Nunca hasta ahora había concretado que el mecanismo sancionador seria a través del régimen tributario, lo que hace intuir que podría ser efectivo y poco gravoso para los que sufran este tipo de prácticas. En segundo lugar, esta medida forma parte del pacto de investidura del PP y Ciudadanos lo cual hace presumir que Albert Rivera y su partido serán garantes de su cumplimiento. Las administraciones han puesto suficientes recursos públicos en paliar la crisis financiera para que ahora puedan exigir contrapartidas.
