La fiscalía mantiene una petición de siete años de cárcel para el que fue director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), y otros cinco directivos de la entidad, acusados de «hacer trampas» con las cuentas de 2010, que arrojaron cerca de 200 millones de euros de beneficio por operaciones «sin lógica económica». Les atribuye delitos de falsedad contable continuada y estafa.