Dos vías paralelas, la estrategia policial y la judicial del independentismo, se entrecruzan. Ayer, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, declararon ante el Tribunal Supremo (TS) en condición de investigadas por pertenecer al llamado comité estratégico que, presuntamente, diseñaba los pasos para la ruptura entre Cataluña y España. Ante el juez, Rovira y Pascal sostuvieron que la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre fue tan solo «política». Además, Rovira afirmó que el 1 de octubre le propuso al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, suspender la votación a causa de la violencia de las calles. Puigdemont, según Rovira, se negó alegando que había demasiada gente en los colegios. Pese a ello, tanto Rovira como Pascal sostuvieron en el camino que llevó del 1-O al 27 de octubre que del referéndum había surgido un «mandato democrático» que, según las leyes del referéndum y de transitoriedad, debía traducirse en la independencia y el nacimiento de la república. La presión del poder judicial provoca que una parte del liderazgo independentista, usando su legítimo derecho a la defensa, revisite lo sucedido entre el 6 y el 7 de septiembre y el 27 de octubre. Rovira y Pascal siguen la misma línea que Carme Forcadell u Oriol Junqueras. En el ámbito judicial, se da el mismo debate estratégico que en el político: apostar por el pragmatismo ante la realidad de las consecuencias del choque con el Estado, o mantener el irredentismo del legitimismo a ultranza. Está por ver las consecuencias legales de estas posturas pero las políticas tienen doble cara. Por un lado, el Parlamento de Cataluña sigue bloqueado. Por el otro, escuchando según qué declaraciones en el TS, es difícil no lamentar tanta y tan dañina irresponsabilidad.