La situación en la que se encuentran los ayuntamientos, heredada de la crisis económica, es cuanto menos singular. Sometidos por el Ministerio de Hacienda a una regla de gasto que impide reinvertir el superávit en todos aquellos gastos que no sean «inversión financieramente sostenible» (por ejemplo, el gasto social), la consecuencia es que los consistorios se encuentran maniatados financieramente, castigados por haber ahorrado. Los ayuntamientos españoles acumulan más de 35.000 millones de euros en depósitos bancarios procedentes de los superávits acumulados en los cinco últimos años, y sin embargo no pueden reinvertir ese dinero porque Hacienda no permite hacerlo más que en los casos en que no se generen gastos corrientes o que haya capacidad de autofinanciarse con ingresos propios en los años siguientes. En la práctica, implica un duro golpe a la autonomía municipal y una restricción del gasto en políticas sociales --vitales para combatir la desigualdad y potenciar la cohesión--, además de castigo a quien ha demostrado eficacia en la gestión,

Ayer, cerca de 300 alcaldes y representantes municipales se reunieron en una cumbre convocada por la FEMP para exigir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que impulse el prometido decreto por el cual se amplía el concepto de «inversión financieramente sostenible». Los alcaldes reclaman poder invertir con cargo al superávit del año anterior en infraestructuras educativas, culturales, deportivas y sociales. Se trataría de utilizar los superávits acumulados en el 2017 (unos 5.000 millones de euros en total) en programas de inversión y gasto a lo largo del 2018 y de los primeros meses del 2019. Las fechas no son inocentes, y el propio ministro las había calificado de «calendario político», pues este gasto de remanentes se desembolsará entre la próxima primavera y las vísperas de las elecciones municipales del 2019.

En plena recta final hacia esa gran cita electoral, la relajación de las normas de gasto de Hacienda permitirá a los alcaldes mejorar sus balances de gobierno. Que el PP atesore un gran poder municipal y que esas elecciones se antojen como un gran reto para la formación conservadora no debe perderse de vista. Aun así, la medida será bienvenida para los ayuntamientos, la administración más cercana a los ciudadanos y, por tanto, en la vanguardia de las políticas sociales.

De momento, cabe congratularse del impacto positivo que tendrá en las economías locales esa mayor inversión municipal, a la que no podrán acogerse los municipios endeudados por encima del 75%. No es el caso del Ayuuntamiento de Córdoba, que dispondrá de 12 millones de euros adicionale si se cumple el compromiso. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, reclama poder destinarlos a políticas de empleo. Esto forma ya parte de una «letra pequeña» que se conocerá en los próximos días.