El reparto de las ayudas de la PAC, que quedará fijado cuando el Gobierno de España lo comunique a la Comisión Europea el próximo 1 de agosto, se ha convertido en arma arrojadiza de precampaña, tras reclamar la Junta de Andalucía, entre otros aspectos, que se incluya al olivar de sierra o en pendiente en las ayudas asociadas a la Política Agraria Común. La Consejería de Agricultura ha estimado que Andalucía perderá 902 millones de euros en ayudas en el marco temporal 2014-2020, y esto ha motivado una carta de la presidenta, Susana Díaz, al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Desde el Ministerio de Agricultura se niega la mayor, se dice que «es falso» y se señala que el ejecutivo andaluz ha hecho las cuentas antes de que se termine de ajustar el reparto. Pasadas dos semanas desde que saltó el problema, ambas partes se mantienen en su discurso y argumentos, y es de temer que las cosas sigan así durante la campaña electoral, si bien el sector se reunirá la semana que viene con la consejera Carmen Ortiz para presentar una propuesta a la aministración central. De las denuncias de la Junta y de las asociaciones agrarias, inquieta especialmente la que señala que son los pequeños agricultores que reciben menos de 5.000 euros en ayudas los más perjudicados por el recorte. Hay un dato que llama a la reflexión: solo en Córdoba se han dado de baja 1.200 agricultores en dos años, periodo en el que se han recibido 20 millones de euros menos de la PAC. Esto evidencia la necesidad de modernizar explotaciones y hacerlas rentables más allá de las ayudas. Y, además, si la UE sigue teniendo interés en mantener población y actividad en el medio rural, deberá contribuir a que el campo sea rentable para los que viven de él. Y el Gobierno debe tener en cuenta la importancia de la actividad agrícola en Andalucía. H
