La comparecencia ayer de Mariano Rajoy para declarar como testigo en el juicio de la primera parte de la trama Gürtel (1999-2005) fue en sí misma la noticia del día: ver al presidente del Gobierno en el juzgado dando explicaciones sobre uno de los casos de corrupción más graves que atenazan al Partido Popular tiene un innegable valor político. Tranquilo, con su habitual estilo retórico, en ocasiones hasta desafiante con algunos de los abogados, Rajoy navegó por el interrogatorio dejando dos mensajes claros: que en el PP hay un antes y después de su llegada a la presidencia y que sus cometidos en el partido no incluyen controlar al dedillo los asuntos económicos de la formación.

Así, Rajoy afirmó que, dado que sus responsabilidades en el partido son políticas y no contables, desconoce si en el PP hubo una caja b y rechazó cualquier conocimiento de irregularidades en las adjudicaciones de obra pública en los municipios gobernados por el PP en Madrid. A la hora de dar nombres, Rajoy utilizó como escudo económico a Álvaro Lapuerta (tesorero del partido entre 1993 y el 2008) y como barrera política a Esperanza Aguirre, de la que dijo que era la responsable de gestionar las sospechas y denuncias de corrupción contra el PP madrileño. Contundente estuvo el presidente al negar haber recibido sobresueldos de la mano de Luis Bárcenas, y gallegueó cuando el abogado que representa al PSOE de Madrid en la causa le preguntó por sus famosos SMS a Bárcenas en el 2012. Protegido en todo momento por el presidente del tribunal, Rajoy ha logrado salir indemne de lo que sin duda era un mal trago político.

Lo cual no significa que las preguntas y las sospechas alrededor de su papel en los hechos juzgados y, en general, en los casos de corrupción que afectan al PP hayan quedado en absoluto resueltas. Los recursos retóricos propios del parlamentarismo no bastan para explicar el famoso «Luis, sé fuerte», y no queda claro hasta qué punto es creíble que un dirigente como Rajoy, que lleva años en diferentes puestos de responsabilidad en el partido, pueda alegar ignorancia de lo que en su seno sucedía. Ni la ignorancia contable ni el hecho de que gran parte del periodo juzgado coincida con la presidencia de José María Aznar (Rajoy asumió el mando del partido en el 2004) pueden ocultar la profundidad de la corrupción en el PP.

Al final, la declaración judicial no arroja nada que no estuviera previsto en el guion político. Incluso las reacciones de la oposición, por mucho que hayan sido de trazo grueso, intensificando la trascendencia del hecho --con Pedro Sánchez pidiendo la dimisión de Rajoy y Pablo Iglesias proponiendo una moción de censura--, ni la posible exigencia de una comparecencia parlamentaria pueden cambiar el panorama político ni la aritmética de la composición del Congreso de los Diputados.