Rafael Sarazá, un hombre coherente

Rafael Sarazá, que se ha muerto este miércoles, pertenece a esos nombres que la historia de la Córdoba reciente te ha colocado en tu memoria como uno de sus elementos imprescindibles. Y como una pieza fundamental de esa ciudad que se fue creando en los años sesenta con el Círculo Cultural Juan XXIII, allá por la Sociedad de Plateros de San Francisco, como nexo de unión de voluntades por la libertad y contra la tiranía de la dictadura, en la que están bien anotados los nombres de Martínez Bjorkman, Balbino Povedano, José Aumente o Paco Natera, a los que se fueron añadiendo los de la primera Corporación democrática, en la que Anguita fue el alcalde, y en donde también resultan imprescindibles Jaime Lóring y Filomeno Aparicio. Sarazá pertenece a los creadores de una ciudad con un estilo de ser en el que la credibilidad, la coherencia y la honestidad eran la justificación de su comportamiento. Y su pensamiento. Cristiano convencido y rompedor de esquemas falsos. En aquel Ayuntamiento de Anguita, en la calle Pedro López, en el edificio que hoy ocupa la Delegación de Cultura de la Junta y cuyo salón de actos era el de plenos de aquel 1979, Rafael Sarazá, teniente de alcalde, se encargaba de los asuntos de la estación de Renfe, un proyecto que no fue inaugurado hasta 1994, quince años después, lo que le concedió tiempo para defender a los integrantes de la Plataforma Cívica pro Estación, que se encadenaron como protesta por la tardanza en salir adelante un proyecto tan deseado. Un proyecto que rompió con aquella Córdoba en la que se crió y después transformó Sarazá porque el 7 de septiembre de 1994, aquella noche en que cruzó por las vías todavía visibles el último tren y los ciudadanos cogieron piedras del suelo como recuerdo de una historia de atrasos, el alcalde de entonces, Herminio Trigo, pronunció la frase «se acabó». Se acabó aquella Córdoba de desuniones físicas --el Brillante, las Margaritas, el Guadalquivir-- y empezó un florecimiento que para Sarazá supuso su incorporación al Consejo General del Poder Judicial, cuya principal función es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados. Precisamente el comportamiento corrupto de uno de sus miembros, el juez Estevill, contrario a sus convicciones, hizo que dimitiera de ese órgano nacional y se volviese a Córdoba, la ciudad que se estaba construyendo.