El presidente de la Generalitat, Artur Mas, actuó ayer con celeridad y tras conversar con Jordi Pujol pactó la renuncia a todas las retribuciones, servicios y tratamientos molt honorable que le correspondían como expresidente. Una medida inevitable para CiU. La comparecencia pública de Mas dio una especial relevancia a la decisión y vino a enmendar el error del pasado viernes en que el actual jefe del ejecutivo catalán relegó los gravísimos hechos a "una cuestión privada y familiar". Hay que respetar los sentimientos de cada cual ante un acontecimiento de este calibre, en especial en personas que, como el propio Mas, reconocen ser "hijos políticos" de Pujol. Pero ese respeto no debe entorpecer la obligación de un servidor público de ayudar a esclarecer todos los extremos de este caso. Por eso no es aceptable que Mas afirmara ayer: "No conozco los detalles del caso ni me interesan". Jordi Pujol ha cometido un gravísimo fraude de ley y una enorme deslealtad con sus electores y los ciudadanos de Cataluña. Ninguna confesión le exime de presentes y futuras investigaciones y de dar explicaciones en sede parlamentaria, ante Hacienda y la Justicia. Y mucho más cuando existen suficientes indicios de que otros delitos implican a más miembros de la familia Pujol. Es preciso dilucidar qué conexión existe entre lo confesado por el patriarca y otros delitos que están siendo investigados. Nadie, en nombre de nada, puede poner trabas a que la investigación llegue hasta el final, y los poderes públicos catalanes deben ser los primeros interesados en ello.
