El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Hipoteca sobre la Vivienda. Es el texto que remitió ya al Parlamento de Andalucía en enero pasado, y que no pudo tramitarse porque concluyó la legislatura, aunque modificado ahora y con nuevo contenido sobre los desahucios.

Inspirado por la necesidad de proteger a la población tras la avalancha de desahucios y ejecuciones hipotecarias, llega tarde para abordar muchas situaciones injustas y trágicas que se han producido. Pero Andalucía será pionera con una normativa, cercana a la europea, que frenará la voracidad y los abusos en la contratación de hipotecas y dará a los ciudadanos posibilidades de defender sus intereses, derecho a denunciar contratos abusivos y un lugar al que acudir --el Tribunal andaluz para ejecuciones hipotecarias y desahucios-- para exponer su problema y encontrar apoyo. Que no es poco, dada la desesperación vivida por miles de familias para las que organizaciones como Stop Desahucios han sido su único refugio. Ahora también los ayuntamientos quieren crear oficinas específicas --el de Córdoba es uno de ellos-- y todo apunta a que el ciclo de soledad e indefensión del consumidor ante un derecho fundamental como es la vivienda toca a su fin. Estos apoyos siguen siendo muy necesarios, pues en el 2014 los desahucios de inmuebles aumentaron un 11,6% en Andalucía, con 5.275 ejecuciones hipotecarias, de las que 850 fueron en Córdoba. Y el 2015 lleva un ritmo parecido.

La nueva ley hará mucho hincapié en la transparencia. Obligará a las entidades bancarias a adherirse al sistema arbitral, creará un sistema andaluz de asesoramiento, ampliará la información al usuario, reconocerá al avalista como sujeto protegido y endurecerá las sanciones ante las infracciones.

La tramitación de esta norma coincidió ayer con el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso que presentó el Grupo Popular contra la ley andaluza que regula la vivienda protegida. El TC considera que le ley no vulnera el derecho a la propiedad, pues la VPO requiere una fuerte regulación pública y su finalidad es "el acceso a una vivienda digna por parte de personas necesitadas". Con este desbloqueo, ya tiene el Gobierno andaluz dos instrumentos potentes en torno a la vivienda, aunque deberá estar atento a su correcto desarrollo, pues, como señala Facua, su eficacia dependerá de que se consiga controlar su cumplimiento.

Parece que por fin se empiezan a dar pasos firmes, sin demagogia ni populismo, en la defensa de un derecho básico cuya protección no está clara en España. Hasta ahora se han dado palos de ciego, pronunciamientos de corte electoralista que no han resuelto nada a los ciudadanos. Es posible que, al final, los daños de la crisis sirvan para poner los cimientos a unos derechos poco regulados que deben ser sostenidos por normas estables.