Protección para los mayores

Durante estos últimos años, venimos denunciando que las medidas que se tomaban para salir de la crisis no eran las idóneas y afectaban de manera muy desequilibrada a la parte mayoritaria pero más débil de la sociedad y, dentro de ella también, de forma intensa, a las personas mayores. Sin embargo las actuaciones en relación con las entidades y personas sobre las que recae la mayor responsabilidad en la generación de esta crisis (sector financiero, especuladores, corruptos, etc.) son muy deficientes y en muchos casos inexistentes.

Las administraciones públicas tienen la obligación de asegurar que las pensiones públicas sean suficientes para vivir dignamente. Por ello, se ha de promover una mejora de la cuantía de las pensiones tanto contributivas como de las no contributivas. Y para ello, el Gobierno del PP debe rectificar y dejar sin efecto el sistema de revalorización de pensiones impuesta en 2013, denominado Índice de Revalorización de Pensiones (IRP). En la práctica, el IRP no pretende ser un instrumento que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones sino un indicador de la salud financiera, es decir, mientras no exista un compromiso político firme que garantice los ingresos al sistema de la Seguridad Social, las pensiones se verán congeladas y limitada su revalorización al 0,25%, por lo que perderán progresivamente poder adquisitivo año tras año.

Comparativamente, España, en relación a otros países de nuestro entorno, es el único que revaloriza las pensiones tomando tan solo en consideración el equilibrio del sistema, es decir, la relación existente entre ingresos y gastos, y no incluye ninguna de las variables económicas que otros países utilizan para reforzar y equilibrar el sistema. De los 29 países analizados por CCOO (los 28 de la UE y Noruega) cuatro actualizan las pensiones teniendo en cuenta los precios (Francia, Italia, Hungría y Austria); cinco los salarios (Dinamarca, Holanda, Suecia, Reino Unido y Noruega); doce una combinación de ambas variables (Bulgaria, República Checa, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Rumanía); cuatro consideran precios y otra variable (Bélgica, Estonia, Grecia y Portugal); dos no tienen una norma fija (Irlanda y Lituania); y uno considera los salarios y el factor de sostenibilidad (Alemania). Solamente España introduce el índice de revalorización de pensiones (IRP) si el equilibrio financiero es positivo, pero para que esta situación se dé haría falta acometer medidas que el Gobierno del PP no se compromete como: A) Sustituir el nuevo Índice de Revalorización de Pensiones por otro pactado en el marco del diálogo social que garantice el poder adquisitivo durante todo el periodo de percepción. B) Anular las dos reformas laborales que han permitido el despido masivo de trabajadores, bajadas de salarios, contratos a tiempos parciales, etc.. C) Que las bonificaciones y tarifas planas acordadas por el Gobierno sean sufragadas por los Presupuestos Generales del Estado y no a cargo de la Seguridad Social, como en la actualidad. D) Incidir en el fraude fiscal (uno de los más altos de Europa). E) Que la fiscalidad sea universal y que más pague quien más gane, eliminar amnistías a las grandes fortunas, etc.

En otro orden de cosas, queremos en esta efeméride, reclamar al Gobierno de la nación potenciar los servicios de salud pública y la Ley de Dependencia; eliminar el copago de los medicamentos (repago); un tipo de IVA reducido para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y energía y que las políticas sociales cumplan su objetivo final, que es garantizar el acceso universal de todas las personas mayores a cubrir sus necesidades básicas.

* Miembro de la Ejecutiva de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Córdoba