Las inversiones previstas para Córdoba en el avance de los Presupuestos Generales del Estado del 2015 excluyen a la provincia de toda posibilidad de recuperación económica que no esté basada en el turismo y en la estacionalidad de las campañas agrícolas. Es tal la cicatería esgrimida por el Gobierno central que, tras recortar un 10% la inversión respecto de la ya ridícula del presente ejercicio, la deja en 70 millones de euros, la más baja desde el año 2007 (cuando rozó los 400 millones) e inferior incluso a la de los peores años de la crisis económica. Córdoba, con 87,11 euros en inversión por habitante, se sitúa como la penúltima provincia de España y la última de Andalucía, donde la media es de 239 euros por ciudadano.

Decir que Córdoba ya está equipada resulta absurdo a tenor de su tasa de desempleo, del 33%. Y el hecho de que los propios dirigentes del Partido Popular cordobés hayan anunciado que presentarán enmiendas para intentar corregir esta situación pone de manifiesto que las cuentas del 2015 son "invendibles" en esta tierra, suponen un castigo inexplicable y van a acentuar su desequilibrio respecto de la economía andaluza y española. Sin embargo, es importante reconocer el apoyo que prestan a algunos proyectos y necesidades de la capital (el metrotrén, los 5,5 millones para el futuro Centro de Convenciones, Ferias y Exposiciones del Parque Joyero, la Biblioteca de los Patos o el segundo tramo de la variante Oeste) esté o no planteado para favorecer la campaña electoral de las próximas municipales, tal y como han destacado con contundencia los representantes del PSOE e IU, pero también empresarios y sindicatos.

En Andalucía las cosas son distintas. Pese al permanente conflicto político, la inversión prevista para el 2015 alcanza 1.958,16 millones de euros, un 17,4% del total estatal. A nuestra comunidad autónoma le corresponde por su población un 17,8%, con lo que pierde 59 millones de euros en el reparto. El recorte es inferior al de otras autonomía y al sufrido por Andalucía en los PGE del 2014, pero existe, y la Junta ya ha expresado su protesta.

En sus trazos generales, los PGE del 2015, los de la consolidación de la recuperación, como los califica el Gobierno, no vienen con un pan bajo el brazo. Como mínimo para los más desfavorecidos. Las cuentas del Estado prevén el incremento del mínimo legal del 0,25% para las pensiones y las partidas de desempleo dejarán a 2,66 millones de parados sin ninguna prestación, pues es muy alto el número de parados de larga duración que las agotan, un problema social de gran envergadura. Las magnitudes de gasto, pese a la contención, indican que en el 2015 la deuda pública superará el 100% del PIB, si bien la partida del pago de los intereses crece poco. Así las cosas, el equilibrio del Presupuesto dependerá de que funcionen las previsiones macroeconómicas: más consumo y beneficios empresariales. Con las nubes que se ciernen sobre Europa habrá que ver si se cumplen.