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Ars memoriae

De la preocupación a la indignación

Puntualizaciones al ‘Manifiesto por la Historia y la Libertad ‘ y la Ley de Memoria Histórica

 

De la preocupación a la indignación -

Algunos medios de comunicación dieron a conocer hace un par de semanas un texto dirigido contra la propuesta presentada por el PSOE para modificar la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007. Se denomina Manifiesto por la Historia y la Libertad. Busqué el documento y de la primera lectura nació mi preocupación, pues se hablaba de que gracias a la reforma socialista se continuaría el «historicidio» iniciado en 2007, porque se pretende «ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España». Esta frase me produjo sorpresa, dado que no hacían referencia a la etapa concreta a la que suele remitir la legislación sobre memoria histórica: la guerra civil y la dictadura franquista. Pero no era todo, se implantaría una «comisión de la verdad», en virtud de la cual «se amenaza» con penas de cárcel, inhabilitación y multas a «quienes mantengan opiniones divergentes a la verdad única». Se consideraba que el proyecto socialista atentaba contra los principios constitucionales y democráticos, y que era un ataque «contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica». Los firmantes del Manifiesto no dudan en hablar de «una ley de tipo soviético», cuyo objetivo sería «anular la libertad de pensamiento de los españoles». Y finalizan con la afirmación de que una ley de esas características solo podía conducir a establecer «una checa de pensamiento único». Y con estas referencias a lo soviético ya me saltaron las alarmas, dado que era semejante a la mentira propagada contra la II República.

Busqué la proposición de ley que el Grupo Socialista en el Congreso presentó el pasado 14 de diciembre con el fin de reformar la citada ley de diciembre de 2007. Me encontré con una amplia exposición de motivos, donde se trata acerca de la necesidad de ampliar determinadas cuestiones de la ley anterior y para ello se recogen, sobre todo, informes de organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Consejo de Europa. También se habla de incluir (en efecto así lo hace más adelante) el contenido del informe de la comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos, elaborado en 2011, en consecuencia con posterioridad a la ley. En cuanto al articulado, en parte se mantiene el anterior y se introducen modificaciones, casi siempre en forma de adiciones, no de rectificaciones. Y sí, en efecto, se habla de la creación de una comisión de la verdad, por quiénes puede estar formada y de sus funciones, que en ningún caso tienen que ver con la implantación de penas de ningún tipo, las cuales en todo caso se explicitan en la disposición adicional 1ª y 2ª, cuando se habla de ilegalizar asociaciones o fundaciones, así como proponer una modificación del Código Penal para que se establezcan determinadas penas, pero tanto en un caso como en el otro no porque mantengan «opiniones divergentes» sino porque atenten por distintas vías contra las víctimas de la guerra civil y de la dictadura o porque lleven a cabo una apología del franquismo, del fascismo o del nazismo. También propone la formación de un consejo de la memoria, y algo muy importante, regula la necesidad de tener libre acceso por parte de los investigadores a toda la documentación relacionada con la guerra y la dictadura.

Quiero pensar que algunos de los firmantes del Manifiesto no han leído la propuesta socialista, porque resulta evidente que en la misma no aparecen esos peligros que se pretende denunciar, lo cual produce una cierta indignación, porque está bien defender la historia y la libertad, pero no conviene olvidar la verdad, con la cual debe estar comprometido, desde un punto de vista ético, todo historiador.

* Historiador

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