Hace tiempo que en la actual política española tenemos grandes dificultades para relacionarnos con nuestro futuro, al estar permanentemente distraídos por el corto plazo. Ante esta situación, tiene sentido preguntarse si la democracia española, en su forma actual, está en condiciones de desarrollar una conciencia suficiente de las consecuencias de las decisiones y actuaciones presentes en el futuro, para evitar situaciones de peligro; aunque, estas estén alejadas en el tiempo. A mi entender, la respuesta es no.

El instantaneísmo impide tomar decisiones coherentes, corriendo el riesgo de someternos a la "tiranía de las pequeñas decisiones": ir sumando decisiones que, al final, conducen a una situación que, inicialmente, no habíamos deseado. Por tanto, el futuro debe ganar peso político.

En nuestra democracia, donde los ciclos de decisión son demasiado cortos por la cascada continua de elecciones, la racionalidad de los partidos políticos es necesariamente miope. Y, sin embargo, hay una extensa lista de asuntos y bienes comunes que solo se pueden asegurar articulando las medidas inmediatas con el largo plazo: por--venir .

Nada más lejos que invalidar el sistema democrático, todo lo contrario. Se trata de perfeccionarlo para que pueda hacer frente a los retos que nos depara el futuro y se muestre no solo como un sistema más eficaz, sino también más eficiente. Para ello, en un Estado autonómico como el nuestro necesitamos introducir una reforma constitucional sensata, en la que el Estado español sea el núcleo duro del sistema. En concreto, hemos de conseguir "vados electorales" de 2 años, al menos: bien ampliando los períodos electorales de 4 a 5--6 años, o bien concentrando todas las elecciones en dos "tandas" (año 2 y año 4) ya que, está demostrado que todas las elecciones se manejan en clave nacional. También sería necesario consensuar una serie de asuntos de estado que tengan que ser aprobados por mayorías cualificadas de 2/3, aproximadamente.

Desde mi punto de vista, es necesaria una reforma en profundidad de la Constitución que deje los dos elementos clave de la estructura del Estado, monarquía (muy a mi pesar, pero no es el momento) y perímetro de España, sin tocar; pero que permita modificar, al menos, tres aspectos cruciales de la infraestructura institucional: el sistema de partidos, el Estado autonómico y la rendición de cuentas; y el sistema judicial.

A los que les parezca una propuesta atrevida, han de ser conscientes de que si la misma o parecida no se implementa, caminamos hacia un escenario alternativo muy peligroso: la refundación del Estado. Y eso incluye, posiblemente, la desintegración del país.

Hace años que venimos propiciando la democratización de los partidos políticos: sistemas de primarias, listas abiertas, congresos bianuales obligatorios, responsabilidad subsidiaria, auditorías de cuentas serias y en caliente, etc. Por supuesto, no solo hay corrupción en los partidos políticos españoles; pero, únicamente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo los corruptos tienen una sensación de impunidad similar.

Para luchar contra la corrupción necesitamos disminuir el nivel de garantías de nuestro sistema judicial, que es excesivo, lo que beneficia a los poderosos; es perentorio despolitizar la judicatura todo lo posible para que deje de ser un lacayo del poder ejecutivo y deberíamos remunerar a los jueces en función de ratios de resolución de asuntos en tiempos adecuados y de otros ratios inversos al nivel de revocación de sus sentencias en apelación.

El Estado autonómico fue un pacto, fruto de su tiempo, entre las posiciones políticas que abogaban por la ruptura y las que lo hacían por la reforma. Ni tiene las virtudes del Estado central ni las del Estado federal. El Senado, por ejemplo, tiene poco sentido si no existe un Estado federal de facto --el nombre no es preeminente-- pero llevamos decenios sin "ponerle el cascabel al gato", por razones de miopía política cortoplacista.

En el caso de Cataluña, en lugar de haber asistido pasivamente al denominado "choque de trenes", España debería aprovechar la potenciada demanda del pueblo catalán como una oportunidad para hacer, por fin, la inevitable reestructuración del estado autonómico y del sistema político. El modelo de autonomías con responsabilidad en el gasto, pero no en el ingreso, no es sostenible a medio plazo.

Concluimos, reiterando que la política española necesita, perentoriamente, recuperar el porvenir para resolver una serie de problemas de tipo estratégico, reformando todo lo que haya que reformar, con la prudencia necesaria, que nada tiene que ver con el miedo paralizante que impide el progreso. Es difícil, pero posible. Y como sentenció nuestro paisano Séneca: "No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos".

* Directora de Certificaciones

Medioambientales SL