Hace un par de días leí una noticia donde se comentaba que los andaluces veían a la agricultura como un motor económico de la región. Sin considerar la actividad agroindustrial, la agricultura andaluza suele suponer entre un 4,3% y un 4,5% de su PIB, valor que puede considerarse bajo pero que está muy por encima del 2% de la media española. No obstante, si se añaden dos datos, esta caracterización meramente económica pierde relevancia, ya que, por un lado, alrededor del 33% de la población andaluza vive en áreas rurales y la agricultura, directa e indirectamente, es la principal actividad económica; y, por otro, un 65%, aproximadamente, de la superficie total de Andalucía está ocupada por la actividad agraria, lo que tiene numerosas implicaciones medioambientales. De hecho, en Andalucía se sitúa el 22% de la superficie agraria útil de España y se generan unas 250.000 UTAs (una UTA equivale a trabajar 228 días al año con una jornada de 8 horas al día) sobre todo de trabajo familiar, según datos del último censo agrario. Esto hace que cada reforma de la Política Agraria Común (PAC) resulte agónica para nuestra región, y a dos años vista de que finalice el periodo de vigencia de la actual PAC (2014-2020) ya han saltado las alarmas.

La PAC se reforma paralelamente a los presupuestos de la Unión Europea (el denominado marco financiero plurianual), pero no suele haber reformas drásticas, sino que se van pegando parches en función del presupuesto, las exigencias del comercio internacional, la presión de los agricultores, la de los medioambientalistas y la capacidad de negociación de cada Estado. Para el periodo 2014-2020, esta política trató de ser adaptada a la ya conocida disminución progresiva de los fondos agrarios y al compromiso de responder a la Estrategia 2020 en materia de medioambiente. Así, España, contando con un buen negociador, consiguió un aumento de su presupuesto del 1,2%, pese a la reducción global del 2%, en términos nominales para la UE en su conjunto. Andalucía acaparó aproximadamente un 25% de ese presupuesto nacional, según el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente, aunque la Junta de Andalucía estimó una pérdida de 418 millones en fondos. El resultado ha sido una escasa disminución de las ayudas para la mayoría de agricultores pero una PAC más compleja de lo que había. Así, se mezclan derechos de pago básico (en función del pago único generado previamente y de la comarca agraria a la que se pertenezca), ayudas por greening, acopladas a sectores como arroz, tomate, frutos secos, remolacha y cultivos proteicos, a jóvenes agricultores y derivadas del Segundo Pilar, por ejemplo, las agroambientales. Todo ello dándose convergencia hacia el valor medio de los derechos de pago básico de cada comarca (tender a una tasa plana de ayudas para todos los agricultores) y siendo agricultor activo.

En la reforma de la PAC post 2020 (periodo 2021-2027) se habla desde las distintas instituciones de la Unión Europea de la necesidad de simplificar esta política, cuestión que llevan repitiendo desde la Agenda 2000 y que lejos de arreglar, empeoran. Sin embargo, la alarma no viene porque la hagan aún más complicada, sino por el anunciado y propuesto recorte del presupuesto. Este mismo año, en febrero, la Comisión Europea ya lanzó un documento (COM (2018) 98 final) donde planteaba reducir las ayudas directas de la PAC en un 15% o 30%, y, siguiendo esta línea, en su propuesta de presupuestos de la UE, ha presentado una reducción del 7% (si se consideran precios corrientes). No hay nada definitivo, pero sin duda habrá reducción presupuestaria a la partida agraria y está se tendrá que trasladar de cada país a los agricultores.

Obviamente, en la PAC post-2020 aún hay cabida para una mayor convergencia tanto por el acercamiento de los pagos más elevados a la media de cada comarca, como entre comarcas agrarias. Pero la pregunta que surge es ¿no sería más fácil que los agricultores percibieran un precio adecuado por sus productos, evitando los oligopolios de compra generados por grandes grupos comerciales y el dumping ambiental de muchos productos importados?, y ¿que solo si se generan bienes o servicios medioambientales o sociales sea cuando perciban ayudas?

* Profesora de Economía de la Universidad Loyola Andalucía

@msalazarord