No han transcurrido dos meses del nuevo año y ya han sido asesinadas 16 mujeres en España a manos de sus parejas o antiguos compañeros, convirtiendo este periodo en el peor en cuanto a crímenes machistas de los últimos diez años. Cuatro de estos crímenes se concentraron en apenas 72 horas, sembrando la desesperanza en una lucha que parece infructuosa. El Gobierno anunció ayer que va a hacer un seguimiento semanal de la violencia de género, el PSOE ha pedido la comparecencia urgente de la vicepresidenta en el Congreso y se han creado dos órganos permanentes desde el Ejecutivo de Rajoy, agrupando a varios ministerios: uno para valoración y prevención y otro, con participación de grupos parlamentarios, autonomías y ayuntamientos, para aplicar legalmente las conclusiones de la subcomisión de violencia creada en el Congreso. Además, la policía trabaja en un programa de análisis de conducta para conocer los resortes mentales de estos asesinos y facilitar la prevención.

Por fin parece que las instituciones empiezan a reaccionar con cierta contundencia ante una lacra insoportable, abriendo el camino hacia el reclamado Pacto de Estado contra la violencia de género. Es importante que se estudie a fondo la situación y se busquen soluciones para erradicar comportamientos criminales que no son acordes con una sociedad avanzada como la nuestra. Pero, mientras se avanza en estudios y planes, la realidad está ahí, tozuda, y miles de mujeres viven el terror de la amenaza machista. Es necesario liberar fondos y dedicar mayores recursos a la protección y a la ayuda, para que estas mujeres reconstruyan sus vidas sin miedo.

Al menos dos de los últimos casos comparten un elemento que agrava aún más las circunstancias de las muertes: sobre los asesinos de ambas mujeres pendían sendas órdenes de alejamiento que no les deberían haber permitido acercarse a ellas. El fracaso del sistema se ha puesto dramáticamente de manifiesto, tal como lo ha reconocido la propia Fiscalía para la Violencia contra la Mujer al asegurar que no supieron «valorar adecuadamente el riesgo». Una de las asesinadas había presentado denuncia dos veces y pidió una orden de protección que le fue concedida, pero nada de eso evitó su trágica muerte. La figura de la orden de alejamiento, que dictan los jueces en casos de amenaza extrema, se revela como una herramienta a todas luces ineficaz si no va acompañada de medidas de seguridad y control más visibles y próximas a la persona acosada. Las actuales órdenes no dejan de ser un papel mojado que nunca será capaz de frenar la ira ciega de un asesino. La ley integral contra la violencia de género data del 2004, y aunque la lucha contra el machismo es un reto colectivo que a todos nos interpela, urge la revisión de muchos de los protocolos de esa norma que se han mostrado ineficaces, empezando por el de la orden de alejamiento.