Peor imposible

E n la era de la comunicación inmediata las veinticuatro horas es inconcebible que los cosas que importan a la gente se cuenten tan mal y tan desordenadamente, a no ser que exista una aviesa intención de oscurecer, despistar y equivocar al personal. De otra manera no se entiende lo rematadamente mal --o interesadamente-- que se está llevando la salida, porque solución no quieren darle, al asunto de las «cláusulas suelo» indebidamente coladas y cobradas en las hipotecas de millones de españoles. Desde que se descubriera y empezara el meneo han pasado casi cinco años, pues la primera sentencia firme anulando esta cláusula abusiva, ilegal e injusta fue dictada en Burgos, en marzo de 2012, por el magistrado Juan Sancho Fraile. Dicha sentencia ha sido esgrimida por los atrapados en las cláusulas suelo en las reclamaciones ante sus bancos, ante el Banco de España, ante los juzgados provinciales y ante el Supremo, que ya en el 2015 declaró la nulidad de la cláusula pero impidiendo que la devolución de las cantidades cobradas fuera más allá del 9 de mayo de 2013. Osea, que hizo un pan como unas hostias el alto tribunal español. Luego vino el Tribunal de Luxemburgo a enmendar el dislate y a dictar el pasado 21 de diciembre que si la cláusula suelo era nula lo era desde el principio y no desde que lo dijera el TSJ. Y esto dio lugar al ceremonial de la confusión: el Supremo corrido y callado, el Banco de España escondido, los políticos apuntándose el tanto, la Banca al acecho, el gobierno amagado y los ciudadanos pregutándose sin respuesta ¿cuándo me van a devolver lo que me han quitado por la cara? Llegados a este punto de bochorno, finalmente el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas un decreto por el que se propuso un acuerdo extrajudicial que evitara el colapso de los juzgados. Pero a partir de ese acuerdo del Gobierno la cosa ha ido a peor. Pues cuando los clientes han ido a su banco a sacarse el yugo de la cláusula suelo los empleados no saben decirle qué hacer, ni cómo ni cuándo. El ministro de Economía dijo que en tres meses los bancos deberían darle una solución a sus hipotecados, pero la realidad es que van a ser cuatro meses pues las entidades van a tener un mes más para decidir cómo lo hacen. De Guindos dijo que de cada banco llamarían a sus clientes, cuando la realidad es que los afectados están yendo a la sucursal y allí les están dando un formulario que es como volver a empezar. Todo es un despropósito colosal, cada banco está tomando el decreto a su conveniencia cuando lo que tienen que hacer es devolver la pasta ¡Ya¡ De ahí mi asombro de que una medida aprobada por el gobierno se esté explicando tan mal y los bancos pasándosela por el forro.