El Plan Bolonia, la homogeneización de los estudios universitarios a nivel europeo, preveía una mayor concentración del impulso docente en la carga que debe asumir el alumno; un aumento de la transibilidad, es decir, de la coordinación de los distintos estudios a escala continental; una racionalización de los planes docentes; y la posibilidad de combinar --con las correspondientes salidas profesionales-- un título de índole generalista (los grados) con una mayor profundización especializada en las materias (los másteres). Uno de los caballos de batalla del Plan Bolonia fue, en su día, la discusión sobre si la carrera universitaria se cifraba en un 3+2 (tres años de grado con dos de máster) o en un 4+1. Mientras que algunas comunidades universitarias apostaban por la primera opción, absolutamente mayoritaria en Europa, el Gobierno central, entonces del PSOE, se decantó por la segunda.

Ahora, un decreto del ministro Wert aprobado ayer en el Consejo de Ministros recupera la fórmula del 3+2, lo que plantea un sinfín de dudas. ¿Por qué esta medida si aún no ha habido tiempo de valorar las bondades o los defectos de la situación actual? La primera generación entera de titulados con el plan del 2010 salió de las aulas el curso pasado y es a todas luces precipitado sacar conclusiones. Y más: ¿podrán las universidades, por su cuenta, escoger si una misma titulación se cursa en tres años o en cuatro? El descontrol del sistema parece anunciado si se implanta de esta manera y si, además, se hace con prisas. El ministro aduce que el gasto por familia disminuirá, pero ¿a cambio de qué? ¿Del acceso de unos pocos escogidos a unos estudios (los másteres) más superiores que los otros (los grados)? Las tasas universitarias no han dejado de crecer en los últimos años, pero aun así responden a una política de precios públicos mejor que la de los másteres, sujetos a la ley de la oferta y la demanda, e inaccesibles para muchos. Por lo pronto, la comunidad educativa mostró ayer mayoritariamente su rechazo y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció que va a proponer a la Universidad andaluza "no aplicarla" porque, a su juicio, "devalúa lo público y perjudica a los estudiantes".

Aun siendo racional en su equiparación con Europa, el decreto de 3+2 solo tiene viabilidad social si se estructura de manera conjunta en todo el sistema, sin excepciones públicas o privadas, y si se adecúa el esquema de becas de tal manera que acceder a un máster no sea un privilegio sino un derecho. Solo así se mantendrá la equidad para que la universidad no vuelva a ser, como indica la tendencia conservadora, un feudo de unos pocos.