El Ayuntamiento de Córdoba anunció ayer nuevas medidas para reducir el paso de vehículos en la zona centro (afectan a los accesos de Valladares, San Miguel y Alfaros-San Pablo). Se trata de hacer más efectivo el plan de tráfico habilitado tras la peatonalización de Capitulares, afinando en los permisos de paso que se concedan, a saber: las tarjetas Acire para residentes, unos nuevos horarios y tarjetas de autorización para que los padres lleven al colegio a los alumnos más pequeños --Educación Infantil y Primaria-- y un cambio de horarios para la carga y descarga para que no coincida con el transporte de los escolares. Se trata de impedir «la barra libre que tenemos ahora mismo», en palabras del concejal de Movilidad del Consistorio, Andrés Pino, que se refiere así al hecho de que, en el horario de acceso escolar se están colando muchos otros vehículos. Pino recordó también que se seguirán habilitando soluciones para otros profesionales que deban acceder al centro.

Se anuncian, por tanto, nuevas complicaciones para el otoño, si bien los ciudadanos han demostrado hasta el momento su capacidad de adaptación, y si el Ayuntamiento se esfuerza en facilitar la tramitación y control de las nuevas normas anunciadas, en colaboración con los colegios y con los sectores afectados, no tienen por qué generarse situaciones caóticas. Lo cierto es que, como todas las medidas que se van adoptando para crear zonas peatonales en la ciudad, se abre el melón de la polémica. Habrá colectivos descontentos a los que será necesario escuchar, y hacerlo de manera proactiva, es decir, buscando soluciones. Porque la filosofía de la peatonalización es, en términos generales, buena para una ciudad como Córdoba, que --por sus barrios céntricos de calles estrechas, el aumento del turismo, la lucha contra la contaminación y un clima que invita al paseo--, es una ciudad adecuada para reforzar estos espacios. El problema es el cómo. No solo por los colectivos profesionales o de servicios que puedan verse afectados, sino por los habitantes del casco histórico, a los que se debe garantizar la movilidad, pensando muy especialmente en las personas mayores, que, si carecen de medios económicos, pueden verse aisladas en sus propias viviendas. Es importante que el sistema se vaya perfeccionando y que el punto de atención esté en las personas, con flexibilidad e imaginación.

Parece positivo también que la normativa que aumenta las restricciones hacia los coches particulares avance también en el transporte público y en la creación de estacionamientos disuasorios en los bordes de la zona Acire. En este sentido, cabe saludar la noticia de que van a adquirirse 26 autobuses nuevos, y que en el centro serán sustituidos por otros de menor tamaño, más acordes con la configuración urbana. Igualmente no debe quedarse en una promesa el anuncio de crear aparcamientos en San Agustín, Santa Marina y La Ribera.