El paro registrado ha batido en el 2016 su record a la baja en la serie histórica. A 31 de diciembre había en España 3,7 millones de parados, casi 400.000 menos que en enero. Tanto en Andalucía, con una bajada histórica de 79.897 desempleados (8,3%), como en Córdoba, que cierra el 2016 con 7.364 parados menos y 76.788 inscritos, la evolución es muy favorable. No hay más que pensar que en nuestra provincia había 91.600 desempleados registrados en marzo pasado, si bien hay un factor de temporalidad especialmente preocupante, relacionado con las campañas agrícolas y el turismo.

Nadie puede negar que los datos son buenos, que la tendencia es favorable y coadyuva en la mejora de las economías familiares, pero lo cierto es que el empleo aún no ha salido de la crisis en España, al menos por tres motivos. En primer lugar, porque muchos de esos casi 4 millones de personas sin trabajo han dejado ya de percibir cualquier tipo de prestación pues son de larga duración y han agotado todo subsidio. En segundo lugar, porque la mayoría de los que han logrado un empleo lo han conseguido de manera precaria, a tiempo parcial y por un salario que no en todos los casos permite vivir dignamente. Y en tercer lugar ,porque esa cifra de paro registrado hay que ponderarla con la de la población activa que no se ha recuperado a niveles anteriores a la crisis, en muchos casos porque los parados de larga duración ya ni buscan trabajo en las oficinas oficiales y otros muchos, más de un millón, lo han encontrado en el extranjero.

Será muy difícil revertir esta situación con el marco legal vigente. Las dos últimas reformas laborales de Zapatero y de Rajoy se hicieron sin acuerdo con los sindicatos y bajo amenaza de una intervención de la economía española por parte de la UE. Su único objetivo era garantizar la solvencia del Reino de España y ello solo era posible con una devaluación del precio del trabajo para ganar competitividad por parte de una economía paralizada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y crediticia. Lo que fue injusto pero en alguna medida útil, ahora es un lastre, tanto para el bienestar y la cohesión social como para el crecimiento económico. Los empresarios, el Gobierno y los partidos que le dan apoyo en las Cortes deberían entender que estamos ante un nuevo tiempo.

Mantener el control artificial a la baja de los salarios significa renunciar a medio plazo a los mínimos del estado del bienestar que se habían alcanzado. Con salarios bajos, con una población activa disminuida y con altas tasas de temporalidad ni se podrán garantizar las pensiones, ni se podrán consolidar las cuentas públicas ni se podrá competir en la UE. Es imprescindible un nuevo pacto social, con presencia sindical, que cree las condiciones para generar más empleo y de más calidad. Hasta entonces no nos podemos permitir ninguna euforia.