Tal como era previsible, la encuesta de población activa (EPA) ha constatado que en el 2016 el paro disminuyó de forma sensible en España y afecta ahora al 18,63% de los ciudadanos que están en situación de trabajar. Es el porcentaje más bajo de los últimos siete años, es decir, desde que la voraz crisis económica que estalló en el 2008 afectó de pleno a la ocupación en los países desarrollados. En la provincia el balance es más tibio, pues sube el paro, aunque en un porcentaje bajo, pero también la cifra de ocupados. Y es que, en Córdoba se registran 111.300 desempleados, esto es, 400 más que en el mismo trimestre del año 2015, pero subió el número de personas ocupadas, que llegan a los 267.100, en torno a 4.500 más que hace un año. Andalucía se enfrenta aún a 877.000 parados, a pesar de que la cifra descendió en 78.000 personas a lo largo del año 2016, un dato positivo pues supone un 6,51 menos que en el 2015.

Es, por tanto, un buen dato que conviene acoger con esperanza pero sin ningún triunfalismo, porque no puede disimular que el telón de fondo sigue siendo un mercado laboral débil, injusto e invertebrado. La excepcional temporada turística del verano pasado, debida sobre todo a que viajeros que tenían previstos otros destinos -afectados por el terrorismo- eligieron finalmente España, explica buena parte del incremento del empleo en el sector servicios. Pero se trata de puestos muy poco cualificados, que sirven para mejorar las estadísticas pero no para avanzar hacia la ocupación de alcance estratégico basada en la formación, que es la que necesita nuestra economía. Además, la creación de empleo no es ajena a la disminución de la jornada laboral media, es decir, que hay un cierto reparto del trabajo disponible, que así alcanza a más personas. Si a eso unimos factores como la precariedad, la temporalidad y los falsos autónomos, la radiografía de nuestra realidad laboral presenta aún muchos más motivos para la preocupación que para el conformismo. Que haya 1,4 millones de familias con todos sus miembros en paro, o que el desempleo entre los menores de 25 años sea del 43% son índices lacerantes que urge mejorar.

El Gobierno quiere que en el 2019 haya 20 millones de personas trabajando (ahora hay 18,5 millones), un objetivo optimista que en parte dependerá de factores exógenos como la evolución de la presidencia de Donald Trump y el precio del petróleo. Pero en todo caso España debe revisar las reformas laborales que han hecho más injusto y dual el mercado de trabajo y que han cargado en las espaldas de los asalariados casi todo el precio de la crisis. Con la revolución de la robótica a la vuelta de la esquina, el empleo -sobre todo el estable y de calidad- será un bien cada día más preciado, y sin un gran pacto social y político que lo ponga al alcance de todos nuestro fracaso como colectividad es más que probable.