La creación de una comisión en el Parlamento de Andalucía para investigar el supuesto fraude millonario en las subvenciones y la gestión de los cursos de formación de la Junta es un paso que, inevitablemente, despierta recelos, pero que al mismo tiempo resulta obligado. Casi una veintena de juzgados investiga diversas incidencias en torno a estas ayudas públicas, remontándose al año 2002, y la Cámara andaluza se propone detectar y denunciar las responsabilidades políticas que pudiera haber en torno a este escándalo que va camino de dejar en pañales el de los ERE irregulares.
Se llevará a cabo una investigación que probablemente deberían hacer la mayoría de las comunidades autónomas --ya se han detectado procedimientos de fraude y abuso muy similares en otras regiones-- y que deberá aclarar lo ocurrido en estos cursos, para cerrar una etapa lamentable y dejar paso a otra en la que primen la transparencia y la ética. Los primeros pasos de la comisión nacen con polémica --PP y Podemos votaron su propia propuesta de presidente e IU se abstuvo, mientras PSOE y Ciudadanos se aliaron para nombrar al onubense Julio Díaz--, por lo que cabe hacer un llamamiento a los grupos para que actúen con criterios constructivos y en beneficio de la sociedad. La comisión de investigación nace en pleno periodo preelectoral, y coincidirá --salvo que se suspenda durante la campaña-- con las elecciones generales del 20-D. El riesgo de contaminación, de generar polémicas estériles, es evidente, pero debemos dar la bienvenida a este saludable ejercicio democrático, y apelar a la responsabilidad de los grupos políticos para que arbitren un debate limpio y una investigación provechosa para Andalucía.
