El Pacto de Estado contra la violencia de género tiene ya vía libre tras la aprobación del dictamen, ayer, por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. La unanimidad alcanzada el lunes pasado en la subcomisión no se ha conseguido en la cita de ayer, la definitiva, ya que la abstención de Podemos --que considera el acuerdo «insuficiente»-- introduce una nota discrepante en un acuerdo al que los grupos políticos han dedicado seis meses de trabajo, con el objetivo de ofrecer un claro frente común contra esta lacra social. A pesar de ello, el balance es positivo y cabe felicitarse por que la lucha contra la violencia machista alcance la categoría de pacto de Estado. Se trata de 200 propuestas agrupadas en 10 ejes de actuación con medidas como establecer unidades policiales con formación específica en violencia machista que presten atención las 24 horas del día, o promover en los centros educativos actividades para prevenir la violencia sexual, sobre todo con niños y varones adolescentes.

Pero si bien las medidas merecen aplauso, la dotación presupuestaria --1.000 millones de euros para cinco años-- es considerada insuficiente por los colectivos feministas. Por ejemplo, sobre los ayuntamientos va a recaer una parte crucial de la lucha con los servicios de atención a las mujeres, y en el texto pactado no queda claro cuál será la dotación económica para los consistorios. Este es tan solo un caso de las inconcreciones que ya han levantado críticas. El acuerdo, que por ahora es un pacto político, tiene aún recorrido en el Congreso,pues las medidas deberán ser aprobadas por el Pleno en septiembre, y se abrirá un plazo de dos meses para ponerlas en marcha y de cuatro para las que requieran modificaciones legislativas, como las que se refierten al aborto de menores víctimas de violencia o a calificar de «violencia patrimonial» el impago de las pensiones alimenticias. En la Comisión de Igualdad hubo ayer numerosos votos particulares y discrepancias sobre aspectos del pacto que requerirán nuevos debates y un esfuerzo para mejorar el contenido sin romper el consenso. El hecho de que más de 800 mujeres han sido asesinadas desde la aprobación de la ley contra la violencia de género el año 2004 así lo exige.

EL CASO DE JUANA RIVAS. Con el debate parlamentario ha coincidido estos días un caso que trae en vilo a la opinión pública: Juana Rivas, una mujer que escapó desde Italia a Maracena (Granada) con sus hijos, huyendo, según ha dicho, de su maltratador, sobre el que pesa condena por lesiones y otra denuncia reciente, está ilocalizable, y con ella los dos niños. Legalmente un secuestro, al incumplir la orden judicial de devolver a los pequeños con su padre. Algo así no podrá ocurrir con la reforma legal que propone el Pacto de Estado, pero en estos momentos se ha creado una compleja situación legal en la que esta mujer está recibiendo el apoyo de la sociedad española y la oferta de cobertura legal de la Junta de Andalucía, pero que tiene muy difícil solución. El caso ha pasado del juzgado de primera instancia al de instrucción, lo que en cierto modo permite ganar tiempo para buscar salidas. Pero, mientras, son una vez más los menores los que se convierten en víctimas en casos de violencia de género.